Una balcanización dispersadora y a la criolla con multiplicidad de unidades territoriales y posibilidades de concretarse emerge nuevamente en el horizonte. República Dominicana ha sido excepcional en eso. Su perfil es de Estado con exceso de divisiones administrativas de desvinculaciones artificiosas. Tras ser llevada a un efecto multiplicador de gobernaciones y alcaldías que prodigan empleos y jerarquías, ahora surge otro plan de generar fronteras interiores con dos entes adicionales. El partidarismo quiere, sin pensarlo mucho, que haya más formas de ejercer autoridad en micro-reinos y sobre todo cobrar de ellos a costa de contribuyentes. La sed de ingresos por empleos sin medir consecuencias para la cosa pública, financieramente deficitaria desde mucho antes, auguraría mayor desequilibrio del que ya existe presupuestariamente de acentuada subordinación al endeudamiento externo.
La expansión de órganos administrativos regionales y autónomos tiene en su contra que los entes municipales se encuentran mayormente en crisis por exiguos ingresos propios y por asignaciones insuficientes del Poder Ejecutivo, un mecanismo auxiliar usado por la superioridad política estatal que sigue recortándoles lo que en buena ley les corresponde. Es decir, sus autonomías edilicias están disminuidas y todavía no se sabe a ciencia cierta si las tales gobernaciones provinciales juegan un papel verdaderamente imprescindible para cohesión administrativa o si resultan meros enclaves para importantizar a figuras políticas con categorías rimbombantes y no más.
Además, si se pretende dinamizar el desarrollo y las inversiones de interés social en más lugares del país, lo que más procedería es fijarles metas de progreso alimentadas con recursos oficiales decididos en función de las particularidades de cada sitio pero en armonía con los esfuerzos macro para hacer avanzar a la nación como un todo.
