El viernes 19 de junio asistimos a un importante evento auspiciado por los organismos competentes para garantizar la inocuidad de los alimentos.
La actividad, organizada por el Ministerio de Salud Pública, el Indocal y otros organismos gubernamentales, estuvo dirigida a la industria, a la producción agropecuaria y a los consumidores.
Cada año, al conmemorarse el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, la reflexión debe ir más allá de una fecha en el calendario. Debe llevarnos a preguntarnos qué tan protegidos están los consumidores dominicanos frente a los riesgos presentes en los alimentos que llegan a la mesa.
La inocuidad alimentaria no es un asunto sin importancia ni exclusivo del sector agropecuario o de la industria de alimentos; es un componente esencial de la salud pública. Un alimento inseguro puede provocar enfermedades, afectar la calidad de vida de las familias y generar costos económicos y sociales que terminan siendo asumidos por los consumidores.
En nuestro país persisten desafíos relacionados con la aplicación efectiva de las normas sanitarias, la vigilancia y el control a lo largo de toda la cadena alimentaria: desde la producción primaria hasta la venta final. Tener normas establecidas es fundamental, pero una regulación sin mecanismos suficientes de aplicación, supervisión, monitoreo y consecuencias pierde efectividad.
Uno de los grandes retos es la contaminación de los alimentos. Los riesgos pueden ser de origen biológico, como bacterias, virus y otros microorganismos asociados a malas prácticas de manipulación, almacenamiento o conservación; pero también existen riesgos químicos derivados de residuos de plaguicidas, contaminantes ambientales, uso inadecuado de sustancias en la producción agrícola o presencia de elementos que afectan la salud a largo plazo.
El uso de plaguicidas merece especial atención. La agricultura necesita herramientas para controlar plagas y garantizar la producción, pero su uso debe basarse en criterios técnicos, respetando dosis, períodos de retiro y sustancias autorizadas. Cuando estos controles fallan, el consumidor queda expuesto a residuos químicos que, según la concentración y la exposición acumulada, representan un riesgo para la salud. Algunos tipo de cáncer están vinculados a la contaminación química.
Otro aspecto preocupante es la necesidad de fortalecer la vigilancia sanitaria. La protección del consumidor requiere inspecciones eficientes, laboratorios con capacidad suficiente, seguimiento de productos y transparencia en la información. La población tiene derecho a saber qué controles existen, cómo se realizan y qué ocurre cuando una empresa o productor incumple.
El régimen de consecuencias también es fundamental. Las normas sanitarias deben ir acompañadas de sanciones proporcionales y efectivas para quienes ponen en riesgo la salud de la población. La falta de consecuencias genera incentivos para que algunos actores prioricen la reducción de costos sobre la seguridad alimentaria.
La inocuidad no debe verse como una barrera para la producción o el comercio, sino como una garantía de calidad, confianza y protección. Un país que aspira al desarrollo debe fortalecer sus sistemas de control alimentario, promover buenas prácticas agrícolas y de manufactura, y colocar al consumidor en el centro de las políticas públicas.
A propósito del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, el llamado debe ser claro: necesitamos alimentos seguros, instituciones fortalecidas y una cultura de prevención donde productores, autoridades, comerciantes y consumidores compartan responsabilidades. La salud de la población no puede depender de la suerte ni de la ausencia de controles; debe ser el resultado de un sistema alimentario responsable, transparente y vigilado.
