Solo en 2025, el Gobierno dominicano registró más de 379,000 deportaciones y repatriaciones de haitianos. Las deportaciones casi triplicaron las de 2019, último año completo del PLD. En seis años, según la DNCD, se ha incautado más del doble de drogas que en los 32 años anteriores juntos. Desde 2022, la tasa de homicidios se ha reducido un 45 %. La pobreza monetaria, que rondaba el 26 % en 2019, se situó en un 13.75 % durante el segundo trimestre de este año.
¿Cuántos dominicanos conocen estos datos? ¿Cuántos están convencidos de lo contrario?
El Ministerio Público investiga a un grupo de personas por la presunta planificación de un atentado contra el presidente Abinader. En las conversaciones atribuidas a los investigados se hablaba de explosivos, de haitianos y de dar un golpe de Estado. Nunca se había deportado tanto en este país y, sin embargo, el discurso de la supuesta complacencia migratoria del Gobierno ha alcanzado semejantes niveles de radicalización.
¿Entendemos ya que la comunicación gubernamental es un asunto de seguridad nacional?
El sociólogo alemán Hartmut Rosa explica la aceleración de la sociedad contemporánea con la imagen de quien intenta subir por una escalera eléctrica que baja. Cada vez hay que correr más rápido para permanecer en el mismo lugar.
El Gobierno ha respondido a esa aceleración multiplicando sus publicaciones. Cada institución persigue sus propias métricas y, demasiadas veces, sirve a las ambiciones políticas de su titular. Esto último es también una forma de corrupción. Todo merece una publicación. Nada merece permanecer.
Es el gobierno editorial: ha profesionalizado la producción de contenidos y despolitizado la comunicación.
Hemos confundido publicidad con comunicación. El Gobierno informa, pero no explica. Publica cifras, pero no las pone en perspectiva. Mide lo que produce, no lo que la ciudadanía comprende. Ha terminado sepultando su propia obra bajo el ruido que él mismo produce.
De esa obsesión por la atención se ha hecho un negocio. Algunos comunicadores han descubierto que chantajear es más rentable que informar y algunos funcionarios, que pagar es más cómodo que explicar. Así hemos terminado financiando a lo peor de la comunicación dominicana, premiando su capacidad de intimidación por encima de la calidad de su criterio.
El Gobierno no es responsable de todas las mentiras que se dicen sobre él, pero sí del dinero público que entrega a quienes hacen de la mentira un negocio.
De las voces que alguna vez explicaron a este Gobierno, unas han muerto y otras se han cansado. Hasta la opinión favorable más sincera se ha vuelto sospechosa. ¿Quién defenderá su obra cuando ya no disponga del presupuesto público? ¿Quién defenderá nuestra democracia si hemos hecho más rentable lo contrario?
Reconozco los esfuerzos de la reciente gestión de la DIECOM, pero no puede hacerlo sola. Las atribuciones para coordinar existen desde 2021. Hace falta ejercerlas y transparentar quién recibe dinero de la publicidad estatal, cuánto y por qué.
La comunicación gubernamental no es un servicio auxiliar del poder. Es una de las formas de ejercerlo democráticamente. Es obsceno invertir miles de millones en educación mientras se paga por embrutecer a la gente. Una democracia necesita ciudadanos capaces de juzgar a su Gobierno, no de aplaudirlo.
Un gobierno puede dejar más carreteras, más escuelas y menos pobreza y, sin embargo, dejar una sociedad políticamente peor de la que recibió. Este Gobierno terminará en 2028. La cultura política que ha contribuido a financiar permanecerá.
Gobernar también es explicar lo que se gobierna.
