Panorama Político. Participación Ciudadana (PC) planteó la necesidad de reformar las leyes 20-23, de Partidos Políticos, y 33-18, de Régimen Electoral, con el propósito de que a las mujeres tengan una participación de 50 por ciento de los cargos electivos.
Con ese objetivo, la organización cívica dio a conocer el documento “Propuestas de modificación de las legislaciones electorales”, durante un espacio de diálogo diseñado para enriquecer las discusiones en torno a la actualización del marco electoral del país.
Según explicó la entidad, esta publicación forma parte del proyecto “Laboratorio de Paridad: Fortaleciendo el liderazgo político de las mujeres en República Dominicana (Parity Lab)”, una iniciativa ejecutada conjuntamente por PC y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), gracias al respaldo de la Unión Europea.
“Esta investigación busca detectar los obstáculos legales e institucionales que frenan el avance político femenino y plantear reformas que promuevan una representación más justa, procesos internos verdaderamente democráticos y una gestión financiera más transparente en las organizaciones políticas y sus campañas”, indicaron voceros de PC.
Dentro de los principales resultados, el informe revela que hasta agosto de 2026 la presencia femenina no alcanzaba ni una tercera parte de los cargos en las altas direcciones de las tres principales fuerzas políticas del país. Asimismo, advierte sobre los escollos para obtener candidaturas y financiamiento proselitista, sumados a las deficiencias en los controles de supervisión y transparencia.
Para superar estas limitaciones, la propuesta sugiere implementar listas paritarias (50 % mujeres y 50 % hombres) en las candidaturas a senadurías, diputaciones, regidurías y vocalías dentro de cada demarcación, tras asegurar que esa medida se complementaría con la alternancia de mujeres y hombres desde la primera hasta la última posición de la boleta, para evitar que las candidatas sean concentradas al final de las listas.
En materia de desarrollo de capacidades, el planteamiento exige garantizar fondos específicos para el entrenamiento político: del presupuesto partidario asignado a educación y formación, un 30 % deberá dirigirse exclusivamente a mujeres, otro 30 % a jóvenes de hasta 30 años y el 40 % restante al conjunto de la militancia.
Además, se propone llevar contabilidades separadas y aplicar sanciones ante el desvío o la no justificación de estas partidas.
Respecto al financiamiento proselitista, se recomienda que el porcentaje de fondos públicos asignados a las candidatas sea, como mínimo, equivalente a su proporción en la oferta electoral de ese mismo nivel. De este modo, si las mujeres constituyen el 50 % de los aspirantes a diputaciones de una organización, sus campañas deberán percibir, en suma, al menos la mitad de los recursos estatales destinados a dicha categoría.
De igual forma, el estudio aboga por robustecer la rendición de cuentas estableciendo fechas límites precisas para la entrega de presupuestos e informes financieros, verificando la veracidad de los datos reportados y difundiendo auditorías, reportes y sanciones definitivas en formatos comprensibles y abiertos al público.
El evento de presentación reunió a delegados de la Junta Central Electoral (JCE), el Tribunal Superior Electoral (TSE), entidades internacionales, agrupaciones políticas y diversos colectivos de la sociedad civil.
Antecedentes
En República Dominicana, el porcentaje mínimo del 33 % fue establecido originalmente por la Ley 12-2000, la cual modificó el artículo 68 de la Ley Electoral 275-97.
Sin embargo, posteriormente la legislación vigente modificó ese umbral a un rango de entre 40 % y 60 % mediante la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
