El economista Franklin Vásquez consideró hoy que, en términos generales, la propuesta de plan fiscal del gobierno constituye una hoja de ruta estratégica que busca equilibrar una ecuación compleja: mantener la estabilidad macroeconómica frente a un severo choque externo derivado de la crisis internacional del petróleo y de las tensiones geopolíticas provocadas por la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos.
El CEO de Cyfras Consultores y de CYEDEN señaló que las premisas planteadas por el Gobierno —la necesidad de adoptar medidas para controlar la inflación y reducir la presión sobre los bolsillos de los ciudadanos, mantener el crecimiento económico y la generación de empleos, así como apostar por la sostenibilidad de las cuentas públicas— son muy válidas.
“Esta vez la narrativa y la estrategia adoptada de no pretender anular impactos, sino elegir una velocidad de ajuste combinando responsabilidad fiscal con sensibilidad social me parece inteligente de parte del Ministerio de Hacienda y Economía”, sostuvo.
Consideró que, adicionalmente, la propuesta refleja una gestión pública madura y técnica, capaz de ganarse la confianza de los mercados internacionales, lo cual se evidencia en las colocaciones de bonos soberanos a tasas históricamente bajas, comparables a las de países con un grado de inversión superior.
Sostuvo que el plan propuesto ante la crisis internacional de 2026 está bien estructurado y descansa sobre un pilar fundamental: la redistribución del sacrificio.
El Gobierno, dijo asume la austeridad interna, las grandes corporaciones y los altos salarios aportan las recaudaciones adicionales, las mipymes reciben oxígeno operativo y la clase media junto a los sectores más vulnerables obtienen redes de protección e indexaciones clave.
Afirmó que el gran desafío de esta propuesta no estará en su diseño numérico —el cual luce sólido y transparente— sino en la viabilidad política y social de su ejecución, asegurando que el desmonte de los subsidios generalizados sea tan eficiente y suave como se proyecta, para mantener la estabilidad social que el propio documento define como el bien supremo a preservar.
