Mientras el país debate la entrada en vigor del nuevo Código Penal, un disparo a quemarropa de un agente de la Policía Nacional acabó con la vida de Darlin Mercado Reyes, un joven de 19 años, en Herrera.
Su muerte vuelve a plantearnos una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿El problema de la criminalidad está únicamente en las leyes o también en la capacidad del Estado para hacerlas cumplir?
No es un debate sencillo. Ni tampoco es un Código Penal perfecto.
Dios sabe lo mucho que luché para que esta reforma incluyera las causales que permitirían salvar la vida y la salud de mujeres y niñas frente a embarazos inviables, de alto riesgo o producto de una violación sexual.
Lamentablemente no fue posible. Esa deuda sigue pendiente y no renuncio a la esperanza de verla saldada algún día.
Pero creo que el país debe decidir ya si seguirá esperando un Código Penal perfecto o comenzará a aplicar uno nuevo para corregir lo que deba ser mejorado. Después de más de veinte años de debates, no podemos seguir juzgando los delitos del siglo XXI con un Código concebido para una realidad del siglo XIX.
El nuevo Código incorpora figuras delictivas acordes con los tiempos actuales, como los delitos tecnológicos, el sicariato, el ciberacoso y las estafas piramidales. Por eso considero razonable permitir su entrada en vigor e iniciar un proceso para corregir sus debilidades.
Durante el Almuerzo del Grupo Corripio, el jurista Alejandro Moscoso Segarra recordó que Francia ha reformado más de un centenar de artículos de su Código Penal desde su entrada en vigor en 1994, demostrando que las leyes también evolucionan.
En ese mismo escenario, la exmagistrada del Tribunal Constitucional Katia Miguelina Jiménez reconoció avances como la incorporación de la violencia económica y patrimonial dentro de la violencia intrafamiliar. Sin embargo, también advirtió desaciertos, omisiones y ambigüedades en materia de violencia doméstica, intrafamiliar y de género que, a su juicio, podrían vulnerar la Constitución. Ambas posiciones demuestran que es posible reconocer los avances sin dejar de exigir correcciones.
Como periodista comparto la preocupación que advierte sobre algunas disposiciones que podrían afectar la libertad de expresión. Nunca apoyaré restricciones indebidas a ese derecho. Una democracia necesita una prensa libre y responsable, pero también leyes que sancionen la difamación, el chantaje y la extorsión sin convertirse en herramientas para silenciar la crítica.
El periodismo profesional no puede confundirse con quienes utilizan plataformas digitales para destruir reputaciones. La libertad de expresión convive con otros derechos constitucionales, como el honor, la dignidad, el buen nombre y el derecho a recibir información veraz. Quien investiga con rigor, verifica los hechos y actúa de buena fe debe ejercer sin miedo. El buen periodismo nunca debería temerle a la verdad, ni la verdad debería temerle a la ley.
Ahora bien, tampoco podemos engañarnos. La fiebre no está en la sábana.
Endurecer las penas, por sí solo, no resolverá la delincuencia. Ningún Código Penal sustituye una buena educación, oportunidades para los jóvenes, una Policía profesional y una justicia que funcione.
La muerte de Darlin Mercado Reyes recuerda que de poco sirve aumentar las penas si quienes están llamados a hacer cumplir la ley son, en ocasiones, los primeros en violarla.
El nuevo Código Penal no acabará por sí solo con la criminalidad. Ninguna ley puede hacerlo. Pero tampoco podemos seguir aplazando indefinidamente una reforma necesaria. Esperar la ley perfecta también tiene un costo: seguir viviendo bajo una legislación que hace tiempo dejó de responder a la realidad.
Corregir lo que esté mal será una obligación del Congreso, del Tribunal Constitucional y de la sociedad.
Porque las democracias no se fortalecen esperando leyes perfectas. Se fortalecen teniendo la valentía de mejorarlas cada vez que sea necesario.
Y porque, al final, el que nada debe, nada teme. Y eso aplica a periodistas, abogados, jueces, fiscales, funcionarios, políticos y a la ciudadanía en general.
