Recientemente tuve la oportunidad de participar en la presentación de una publicación relacionada con la reforma policial. Mientras observaba el interés que despertaba el tema entre los presentes, reflexionaba al escuchar las exposiciones, pero sobre todo la del comisionado ejecutivo de la reforma policial, mi buen amigo Luis Ernesto García, sobre los avances alcanzados me llevó a una conclusión sencilla.
Contrario a lo que muchos opinan, ya sea por desconocimiento del tema o por intereses alejados del fortalecimiento institucional, la reforma policial dominicana es un proceso joven que ya puede mostrar resultados visibles. Esto no significa ignorar los desafíos que aún persisten ni asumir que todo está resuelto.
En honor a la verdad histórica, es importante recordar que las bases de las transformaciones que hoy observamos fueron impulsadas hace más de tres décadas, como he dicho en otras ocasiones, con el hito constituido por la gestión del mayor general Ramón Alcides Rodríguez Arias, quien promovió iniciativas dirigidas a fortalecer la meritocracia, combatir prácticas contrarias a la ética institucional, profesionalizar y acercar la institución a la ciudadanía mediante una visión de servicio más humana y moderna.
Esa revolución institucional contribuyó a sembrar la idea de la necesidad de construir una nueva Policía, como constantemente hoy día enfatiza el vocero policial Diego Pesqueira. Posteriormente surgieron otros esfuerzos que procuraron fortalecer el marco normativo.
Sin embargo, fue a partir de 2021, en la gestión del mayor general Edward Ramón Sánchez González, cuando el proceso recibió un impulso integral orientado no solo a revisar normas y estructuras, sino también a transformar la cultura institucional, la rendición de cuentas, la proximidad social y un nuevo modelo educativo y de servicio policial acorde con el Estado Constitucional y la realidad social dominicana.
Lo que quizás fue una aspiración nacional hoy forma parte del interés nacional y sus resultados comienzan a apreciarse en diferentes ámbitos: dignificación de la profesión policial, impulso de la educación y la tecnología, servicio policial centrado en el ciudadano, nuevo modelo de patrullaje, 100 nuevos destacamentos, 68 centros de monitoreo, transparencia en los procedimientos, una tasa de homicidios de 8.7, la más baja de Latinoamérica, y la consolidación del país entre los más seguros de la región. Otro aspecto que merece ser destacado es que este proceso ha contado con la participación de los principales tomadores de decisiones del Estado dominicano, junto a la sociedad civil, han asumido la reforma policial como un objetivo nacional, además la presencia del comisionado ejecutivo de la reforma, un profesional de policía, conocedor de la función policial, estudioso de los procesos de transformación institucional, ideólogo de importantes cambios y profundo conocedor de la idiosincrasia latinoamericana, ha contribuido a mantener una visión actualizada, pero al mismo tiempo con una perspectiva estratégica de largo plazo sobre la reforma.
A ello se suma el compromiso demostrado por el mando policial, cuya disposición para impulsar cambios, asumir nuevos modelos de gestión y fortalecer la profesionalización institucional ha sido un factor importante para que muchas de estas iniciativas pasen del deseo a la ejecución, lo que ha permitido dotar el proceso de continuidad, respaldo y apoyo, elementos indispensables para cualquier transformación profunda y sostenible.
Quizás uno de los aspectos más importantes en destacar, como hemos señalado con claridad meridiana, es que la reforma no tiene que ver con la desaparición de la delincuencia. Ninguna reforma en el mundo puede ofrecer semejante promesa, porque las causas de la criminalidad son múltiples y, en gran medida, estructurales.
Además, la criminología nos ha demostrado que la convivencia pacífica tiene varios escalones que comienzan en el hogar, continúan en la comunidad y se fortalecen en la escuela. Sin embargo, una policía mejor preparada sí genera mejores condiciones para producir seguridad pública, es decir, sentirnos libres de amenazas en los espacios públicos, prevenir delitos, fortalecer la confianza ciudadana, proteger derechos fundamentales y responder con mayor eficacia a las necesidades de la población.
Recuerdo una afirmación que siempre realiza en sus clases la criminóloga venezolana, mi compañera de batallas académicas y democráticas, la muy estimada para mí, Geraly Sánchez: “La seguridad no depende exclusivamente de medidas reactivas, sino que se compone de varias herramientas como la educación, la disciplina, la supervisión, la tecnología y la proximidad”.
Aún queda mucho camino por recorrer. Sería ingenuo pensar lo contrario. Algunos temas permanecen pendientes, como la inclusión y la aprobación de la ley que otorgará una base normativa definitiva al proceso. Pero lo justo es reconocer los avances alcanzados: una Policía con mayores capacidades de respuesta para cumplir su misión de proteger y servir, cada vez más preparada profesionalmente y con una concepción del servicio mucho más cercana a las necesidades del ciudadano.
La reforma policial dominicana sigue escribiendo su historia. Todavía quedan capítulos importantes por desarrollar. Sin embargo, quienes observamos su evolución con sentido institucional podemos afirmar que ya no se trata únicamente de un proyecto o de una aspiración. Es un proceso en marcha que empieza a mostrar, de manera gradual pero consistente, el rostro de la transformación que durante décadas reclamó la sociedad dominicana.
El camino aún no ha concluido. Las transformaciones institucionales no ocurren de la noche a la mañana; requieren tiempo, perseverancia, continuidad y la voluntad. Por eso, muchas veces sus resultados no tienen la inmediatez que algunos críticos esperan.
No obstante, existen razones objetivas para sostener que la reforma ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad que se construye día a día, pues en cada amanecer hay un respaldo nuevo por con una visión institucional, por el compromiso de sus actores y por la decisión de asumirla como una prioridad nacional.
