Con una vocación infinita hacia el absurdo, los dominicanos tenemos la capacidad de adentrarnos en las más variopintas e inútiles discusiones. Las redes, convertidas en un espejo que se ríe de nosotros, suelen mezclar chiste y vergüenza.
Respetando el derecho al ridículo de cada quien, que está consagrado en la Constitución bajo las figuras de la libertad de expresión, de cultos y demás yerbas aromáticas, sería lindo que de tanto en tanto dediquemos espacio a lo relevante.
Entre las cosas que se han deslizado sin resonar están las tremendas estadísticas que presentó la magistrada Wendy Martínez Mejía en torno a la incidencia que tienen en el país el acoso laboral y el acoso sexual en el ámbito de trabajo: un 46% y un 26%, respectivamente.
En una sociedad tan machista, donde aún muchos hombres llaman cortejo al acoso (y lo ven como un derecho), nunca falta quien sea capaz de llegar al abuso con tal de calmar sus apetencias carnales, sin importar la edad de su víctima.
El asesinato de Josnely Álvarez, quien habría sido abusada, remite a muchos otros casos parecidos. Las estadísticas son brutales: desde 2019 hasta mayo de 2025 se registraron 16,614 denuncias de abuso sexual contra menores, es decir, 50 a la semana o una cada tres horas y media.
