El abogado constitucionalista Pedro Justo Castellanos advirtió este lunes que la Ley núm. 74-25, Orgánica que instituye el Código Penal y cuya entrada en vigencia está prevista para el próximo 3 de agosto, contiene múltiples infracciones a la Constitución de la República, lo que, a su juicio, podría generar inseguridad jurídica y dar lugar a cuestionamientos sobre su aplicación.
Castellanos explicó que, mientras impartía docencia en un programa de posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), realizó junto a sus estudiantes un ejercicio para identificar posibles violaciones constitucionales de la nueva legislación, encontrando aspectos que, incluso para él, habían pasado inadvertidos.
Ahí surgieron cosas que yo mismo no había advertido ante el grupo, pero que ciertamente revelan que la ley (74-25) nació con varias cuestiones y tensiones que no se pueden soslayar con la Constitución de la República«, expresó.
Entre los aspectos que considera problemáticos mencionó las disposiciones sobre difamación e injuria, así como las medidas de seguimiento sociojudicial, las cuales calificó como una innovación dentro del sistema penal dominicano, pero con deficiencias en su diseño normativo.
“Una de ellas es el tema de la difamación e injuria. Por ahí también se me ocurre mencionar las medidas de seguimiento sociojudicial. Son una novedad para el sistema penal dominicano, pero que también, en su construcción normativa, tienen algunas situaciones, o bien que generan ambigüedad, o bien que podrían revelarse, a la postre, inoperantes en la práctica porque el sistema no está preparado para implementarlas, por ejemplo”, detalló el jurista.
¿Se cae el Código Penal? Pedro Justo Castellanos advierte fallos inconstitucionales graves
El bloque aborda de manera frontal la acción directa de inconstitucionalidad sometida ante el Tribunal Constitucional (TC) contra los artículos 106 al 111 relativos a la penalización absoluta del aborto. El jurista aclara que la lucha no promueve el aborto libre, sino la despenalización médica en tres escenarios extremos (riesgo de vida, inviabilidad y violación), demostrando su perfecta armonía con el Artículo 37 de la Constitución y citando jurisprudencia en Chile, Uruguay y Colombia. Asimismo, se desglosa la seria amenaza que representan los artículos 310 y 311 contra la libertad de prensa y el ejercicio periodístico al revivir las penas de prisión por difamación e injuria, dejando en manos del Tribunal Constitucional un plazo de cuatro meses para emitir una sentencia interpretativa que salve la norma o la devuelva al Congreso.
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Asimismo, señaló que existen dudas sobre el cumplimiento del principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres, así como sobre otras garantías de igualdad.
“Hay un tema con relación a qué tanto realmente la Ley 74-25 se sujeta a la protección que exige la Constitución en relación con la igualdad entre el hombre y la mujer. Hay muchas cuestiones, incluso con la protección de la igualdad por otras razones. Hay motivos para pensar que quizá el Código se abre a ciertas formas de discriminación que la Constitución no permite”, afirmó.
Cuestiona la deliberación legislativa
El jurista también manifestó preocupación por la calidad del proceso de discusión que dio origen a la Ley 74-25, al considerar que el tiempo durante el cual el tema permaneció en la agenda pública no necesariamente se tradujo en un estudio profundo por parte del Congreso Nacional.
«Conviene separar el tiempo que el tema tiene en la agenda pública del tiempo que realmente el Congreso se tomó para estudiar la propuesta de ley. Tengo profundas reservas sobre la calidad de la deliberación legislativa que generó la Ley 74-25«, indicó.
A su juicio, no está claro que el Poder Legislativo dedicara el tiempo suficiente para analizar la pieza desde una perspectiva constitucional y acorde con la realidad social del país.
«No me queda claro que real y efectivamente el Congreso se haya dado el espacio suficiente para discutir esto a profundidad, con perspectiva y en clave constitucional, para generar una norma consistente no solo con la Constitución, sino también con la realidad social», expresó.
Castellanos reconoció que el Código Penal ha sido objeto de debate durante años en distintos espacios académicos y mediáticos, pero aseguró que ese ejercicio de reflexión no parece haberse reproducido dentro del Congreso Nacional.
«Se escriben artículos en prensa y se producen entrevistas como esta, pero yo no tengo claro, y lo confieso públicamente, que este proceso de deliberación calmada, con la cabeza fría, se haya replicado en el seno del Congreso Nacional. No lo tengo nada claro», concluyó.
Las declaraciones del abogado constitucionalista fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa El Día, transmitido por Telesistema.
