A solicitud del Ministerio Público, el sexto juzgado de la Instrucción aplazó ayer la audiencia para conocer de del supuesto fraude millonario que por más de RD$100 millones habría cometido un grupo de militares y civiles, en seis instituciones del Estado.
El órgano de persecución solicitó una prórroga de tres (3 meses) para depositar la acusación formal contra el mayor retirado, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Valera, Luis Ernesto Vicioso Boció, Francisco Guarín Fernández Vásquez, Elías Caamaño Pérez, Yorbyn Eufracio Aybar y Ramón Quezada Ortíz, el primer teniente Wellington Peralta Santos, Bolívar Fernández Espinal, y el empresario Quilvio Rodríguez González., a quienes les fueron dictadas medidas de coerción.
El órgano de persecución justificó su pedimento en que ni el Inacif ni la Cámara de Cuentas ni la Contraloría General han dado respuesta a pruebas solicitadas.
El grupo, denunciado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que dirige Milagros Ortiz Bosch, habría formado una red criminal que afectó al Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), las empresas distribuidoras de electricidad Ede-Norte, Ede-Sur y Ede-Este.
