Una jueza retrasó el martes la sentencia penal contra el fabricante de OxyContin, Purdue Pharma, para permitir que las víctimas asistan al procedimiento judicial en persona.
La jueza federal de distrito, Madeline Cox Arleo, planeaba originalmente dictar la sentencia el martes durante un procedimiento judicial realizado únicamente por videoconferencia. Pero dijo que cambió de opinión después de ver a algunas víctimas de la crisis de los opioides protestando afuera de su tribunal en Newark, Nueva Jersey. Dijo que también se les debería permitir asistir en persona, y trasladó la audiencia al próximo martes.
Se espera que Arleo ordene a la empresa que entregue 225 millones de dólares al Departamento de Justicia, lo que despejaría el camino para que el fabricante de OxyContin finalice un acuerdo para resolver casi todos los miles de demandas que enfrenta por su papel en la crisis de los opioides.
La sanción se acordó en un pacto de 2020 para resolver las investigaciones civiles y penales federales que enfrentaba. Si la jueza lo aprueba, no se cobrarán otras sanciones a cambio de que Purdue resuelva las demás demandas.
Tras años de giros y vueltas legales, el acuerdo fue aprobado por otro juez el año pasado y podría entrar en vigor apenas una semana después de que se dicte la sentencia. Exige que miembros de la familia Sackler, propietaria de la empresa, paguen hasta 7.000 millones de dólares a gobiernos estatales, locales y tribales, a algunas víctimas individuales y a otros.
A continuación, un vistazo a la situación.
La sentencia se gestó durante años
Purdue se declaró culpable de tres cargos penales federales en noviembre de 2020.
La empresa, con sede en Stamford, Connecticut, admitió que no contaba con un programa eficaz para evitar que sus potentes analgésicos recetados fueran desviados al mercado negro, pese a que le dijo a la Administración para el Control de Drogas que sí lo tenía.
También reconoció que pagó a médicos mediante un programa de conferencistas para que recetaran los fármacos y que pagó a una empresa de registros médicos electrónicos para enviar a los médicos información sobre pacientes a fin de incentivar más recetas de opioides.
Aunque Purdue produjo solo una fracción de las píldoras de opioides que inundaron el mercado en la década de 2000, defensores consideran desde hace tiempo que las agresivas ventas de OxyContin fueron uno de los puntos de referencia de la crisis. En un evento de 1996 para animar al personal de ventas de Purdue, Richard Sackler, que entonces era un alto ejecutivo de Purdue y más tarde se convirtió en presidente de la empresa, pidió una “tormenta de recetas”.
Aunque se espera que Purdue pague 225 millones de dólares, el gobierno acordó en el convenio de culpabilidad no cobrar 5.300 millones en decomisos y multas penales y 2.800 millones en responsabilidades civiles. En su lugar, varias porciones de ese dinero se consideran parte del acuerdo más amplio, y el gobierno federal recibirá una pequeña fracción de ello.
Hasta 7.000 millones de dólares de miembros de la familia Sackler
El acuerdo más amplio estipula que la familia Sackler pague hasta 7.000 millones de dólares durante 15 años. La mayor parte del dinero debe ir a entidades gubernamentales para su uso en la lucha contra la crisis de los opioides.
Está entre los mayores de una serie de acuerdos alcanzados en los últimos años por fabricantes de medicamentos, mayoristas y farmacias, y es el único importante que incluye pagos para algunas víctimas individuales o sus sobrevivientes.
En conjunto, los acuerdos superan los 50.000 millones de dólares, y la mayor parte del dinero debe usarse para abordar la epidemia de sobredosis.
Según el acuerdo de Purdue, los miembros de la familia Sackler quedarían protegidos de demandas relacionadas con opioides por parte de quienes acepten los pagos.
Purdue dejaría de existir y sería reemplazada por una nueva empresa, Knoa Pharma, que operaría en beneficio público y tendría una junta directiva designada por los estados.
La reorganización es considerada una de las más complicadas de la historia. Para finales del año pasado, Purdue había pagado a bufetes de abogados y a otros profesionales que trabajaban en todas las facetas del caso más de 1.000 millones de dólares, según un documento judicial.La sentencia no incluye a los propietarios de la empresa
Los miembros de la familia Sackler suelen ser retratados como villanos en la crisis de los opioides, al buscar aumentar ganancias aun cuando quedó claro que la gente se estaba volviendo adicta al OxyContin y sufría sobredosis.
Pero no se presentaron cargos contra ningún miembro de la familia.
Los familiares recibieron 10.700 millones de dólares en pagos de Purdue entre 2008 y 2018, y casi la mitad se utilizó para pagar impuestos en nombre de Purdue. La empresa no les ha pagado desde 2018, y el último de ellos dejó la junta directiva de la compañía en 2019.
Según el acuerdo, no se opondrían a que sus nombres sean retirados de museos y otras instituciones a las que han apoyado, algo que ya ha estado ocurriendo.
Algunas víctimas presionan para que haya procesamientos
Más de 54.000 personas con reclamaciones por lesiones personales contra Purdue votaron a favor de aceptar el acuerdo, y 218 votaron en contra.
Aun así, algunas víctimas y sus familiares han resistido durante años, al sostener que el acuerdo y la declaración de culpabilidad no logran hacer justicia para las víctimas de una crisis que se ha vinculado con 900.000 muertes en Estados Unidos desde 1999.
La sentencia les dará otra oportunidad para que expongan ese argumento ante el juez.
El martes, fuera del tribunal, Stacy Schwab dijo que se volvió dependiente de OxyContin hace 20 años, que los opioides provocaron la muerte de un familiar, que otra de ellas lucha contra la adicción y que el seguro no cubre el tratamiento que necesita. Esto hace que Schwab se sienta furiosa contra los miembros de la familia Sackler.
“Mi familia no tiene dinero para pagar un tratamiento privado para ella, mientras que ellos tienen miles de millones de dólares”, señaló.
Como otras personas, dijo que estaba bien que la jueza les diera a las víctimas la oportunidad de ser escuchadas.
Mientras tanto, un abogado presentó el martes una solicitud para que los 220 millones de dólares que espera recibir el gobierno se utilicen para dar atención médica a las víctimas.
