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Fundas plásticas: una medida necesaria, pero mal comunicada


A partir del próximo 15 de diciembre, los consumidores dominicanos tendremos que pagar por las fundas plásticas utilizadas para colocar las compras. La disposición, contemplada en la Ley 98-25, procura reducir el consumo de plásticos desechables y estimular el uso de bolsas reutilizables.

He defendido durante años la necesidad de regular los plásticos de un solo uso. Su impacto sobre los ríos, las costas, los sistemas de drenaje y el medioambiente constituye un problema que no podemos seguir postergando.

Sin embargo, apoyar una política ambiental no significa dejar de observar cómo se implementa. Y aquí surge la preocupación relacionada con el impacto que causará en la población y su capacidad para entender el cambio.

Durante décadas, los consumidores hemos recibido fundas plásticas en colmados, supermercados, farmacias y otros establecimientos. De repente, esa costumbre cambiará y tendremos que pagar por algo que hasta ahora recibíamos sin un cobro individualizado.

Nos interesa saber cuánto conoce la población, qué costará cada funda, cuáles estarán sujetas al cobro y qué alternativas tendrá. Es que no se ha explicado suficientemente por qué debemos modificar nuestros hábitos.

La legislación contempla campañas de sensibilización durante el período de transición. Esto significa que la educación ambiental no es un asunto accesorio, sino parte de las responsabilidades previstas para implementar la disposición.

Una campaña no puede limitarse a colocar avisos en los establecimientos. Debe explicar, con ejemplos cotidianos, cómo reducir el consumo de fundas, reutilizar las existentes y sustituirlas por alternativas.

Las escuelas podrían enseñar a los niños las consecuencias de arrojar plásticos en cañadas y ríos. Las juntas de vecinos podrían organizar encuentros comunitarios. Los supermercados y colmados deberían informar anticipadamente sobre los cambios y orientar a sus clientes. También conviene escuchar a las comunidades antes de decidir cómo aplicarla efectivamente.

Sobran medios para hacerlo. La radio, la televisión y las redes sociales pueden contribuir a una campaña nacional que llegue también a quienes tienen menos acceso a la información.

Además, la dimensión económica de la medida no puede ser ignorada cuando se atraviesa por un período de inflación. Para una familia que realiza varias compras durante la semana, el cobro representa un gasto adicional. 

Los hogares de menores ingresos, que compran diariamente pequeñas cantidades en los colmados, sentirán mucho el peso de la norma.

Por esa razón, sería conveniente promover alternativas reutilizables de bajo costo, especialmente en las comunidades vulnerables.

Todos necesitamos reglas claras. No podemos exigirles a los comerciantes que orienten a sus clientes si todavía existen interrogantes sobre los procedimientos que deberán aplicarse.

La Administración tiene la responsabilidad de informar y garantizar que la medida no se convierta simplemente en otro cobro. Su propósito debe ser reducir los residuos, no trasladar una carga económica sin modificar los hábitos de consumo.

Además, las autoridades deberían informar cómo se evaluarán los resultados, como cuántas fundas se espera dejar de utilizar y cómo se comprobará esa reducción. Sin seguimiento público, corremos el riesgo de medir el éxito por lo recaudado y no por los residuos evitados.

La protección ambiental necesita ciudadanos conscientes y comprometidos, no consumidores sorprendidos en el supermercado o en el mostrador del colmado.

Reducir los plásticos desechables es una responsabilidad compartida. Pero no basta con legislar para cambiar costumbres arraigadas durante décadas.

La conciencia ambiental no debe imponerse con una factura: se construye con información.

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