Las empresas que explican a sus acreedores cómo se preparan para la transición energética y climática pagan menos por su deuda. A esa conclusión llega un estudio publicado en octubre por la Red Internacional de Planes de Transición, que analizó datos de casi 8,000 compañías cotizadas entre 2016 y 2024.
El hallazgo central es gradual, cuanto más completo es el plan divulgado, menor es el costo de la deuda, que disminuye en promedio 0.8 puntos porcentuales entre las empresas con un plan climático completo y las que no divulgan nada. Resulta coherente y razonable la explicación económica: quien presta cobra por la incertidumbre, y, por lo tanto, un plan que gestiona riesgos la reduce.
Podemos entender a quienes consideran que este debate nos resulta ajeno. La República Dominicana aporta alrededor de 0.09% de las emisiones globales y, visto así, un plan de transición parecería un ejercicio de cumplimiento, costoso y distante, sin efecto sobre el clima ni sobre el negocio. Pero un plan climático tiene dos componentes, mitigación y adaptación, y ambos nos conciernen por razones propias.
En mitigación, se trata de un asunto de competitividad y seguridad antes que de emisiones. Somos una economía insular que no produce hidrocarburos, importa combustibles para generar cerca de tres cuartas partes de su electricidad y paga por ellos un precio que se forma en mercados externos y se liquida en dólares. Cada kilovatio hora que una empresa ahorra o produce con fuentes propias la libera de depender del petróleo, del gas y del tipo de cambio, protegiendo sus costos de la volatilidad que no controla.
La adaptación es aún más importante, porque el riesgo físico consiste en evaluar la exposición y la vulnerabilidad de cada activo y estimar la pérdida esperada ante un impacto climático, ya sea de evolución lenta, como el aumento de la temperatura y del nivel del mar, o súbito, como una inundación repentina. A esa pérdida se suma el costo de una interrupción de las operaciones o de la reducción de la productividad. Esas cifras permiten comparar las inversiones posibles y elegir primero las de mayor beneficio por su costo.
Además, invertir en resiliencia resulta rentable y medible. El Carbon Disclosure Project analizó este año los reportes de más de 11,000 compañías y calcula que gestionar esos riesgos cuesta casi trece veces menos que absorberlos. Otro estudio del World Resources Institute evaluó 320 inversiones de adaptación en doce países y encontró que cada dólar invertido en adaptación genera más de diez dólares en beneficios en una década, y que más de la mitad de esos beneficios se materializan aunque no ocurra ningún evento. Para nuestro país, el Banco Mundial estima que el cambio climático nos costará hasta un 17% de nuestro PIB para 2050 y que las medidas de adaptación y resiliencia pueden reducir el impacto económico hasta un 60%.
Por lo tanto, quien presta a diez años quiere saber si la empresa generará el flujo de caja necesario para pagarle y si los activos que recibió en garantía conservarán su valor. Contar con un plan que reduzca la exposición al combustible importado responde a lo primero; y uno que proteja las instalaciones, a lo segundo. De ahí la prima de riesgo menor.
El mercado dominicano ya conoce varios casos en los que este mecanismo se aplica a contratos, desde los más de US$850 millones en bonos temáticos hasta los préstamos verdes más recientes. Para ilustrar, a inicios de 2026 el BID Invest aprobó un paquete de hasta US$80 millones para un banco múltiple local, que incluye incentivos financieros vinculados al crecimiento de la cartera verde y al cumplimiento de hitos de divulgación conforme a las normas internacionales de sostenibilidad y clima, conocidas como NIIF S1 y S2. Es decir, parte de las condiciones del financiamiento depende de la calidad de la información climática del deudor. Esas normas son voluntarias en el país, pero un banco que se compromete a medir el riesgo climático de su cartera terminará, inexorablemente, pidiendo esa información a sus clientes.
Conviene, entonces, que las empresas dominicanas acudan al banco habiendo realizado previamente ese ejercicio por cuenta propia. Se trata de identificar qué amenaza los ingresos, cuánto costaría una interrupción y qué inversiones pueden reducir esas pérdidas, pues con esa información se decide mejor dónde poner el próximo peso y, además, el acreedor puede medir con mayor certeza la capacidad de pago de quien le pide prestado.
Por tanto, resultaría equivocado suponer que, por emitir poco, tenemos poco que hacer o perder. La razón económica para prepararse radica en la exposición de los activos e ingresos de nuestras empresas. El clima termina influyendo en la tasa de interés porque primero afecta las cuentas del negocio.
