El arroz es nuestro alimento de cada día. Forma parte de la cultura, las costumbres y una tradición sostenida durante generaciones. Por eso, cuando se discute el futuro de la producción arrocera del país, hay dos protagonistas que no pueden quedar fuera: el consumidor y el agua.
Los dominicanos hemos definido el arroz que nos gusta. Nuestras preferencias han influido en el grano que se cultiva, su textura y su comportamiento al cocinarlo. La producción nacional ha respondido a ese gusto y abastece casi toda la demanda. Es grandioso.
En 2025, según cifras del sector agropecuario, el consumo estimado fue de 141.92 libras por persona y la producción nacional cubrió aproximadamente el 96 % de la demanda. Estos datos muestran su importancia más allá de los intereses comerciales.
El cultivo de arroz requiere grandes cantidades de agua, un recurso crítico y en riesgo. Por eso, además de seguridad alimentaria, debemos hablar de seguridad hídrica. No basta con conocer cuánto producimos y a qué precio. Es necesario saber cuánta agua utilizamos, de dónde procede y cuánta se pierde.
La eficiencia del riego no es un asunto exclusivo de los agricultores. También exige inversión pública, mantenimiento de la infraestructura y vigilancia de las autoridades.
La desgravación arancelaria prevista en el DR-CAFTA era conocida desde la negociación del tratado. Sin embargo, persisten las incertidumbres sobre sus consecuencias para la producción nacional.
La discusión no puede reducirse a escoger entre arroz importado y criollo. Hay que proteger a los productores, pero también preguntarnos qué ocurrirá con el empleo rural, con la capacidad de producir alimentos y con los precios que pagan las familias. Es prioritario que el consumidor reciba un arroz de calidad, como el que está acostumbrado a consumir, y que un menor precio no signifique sacrificar sus preferencias.
Las diferencias entre los costos de producción nacionales y los de otros países también merecen atención. No puede hablarse de competencia justa sin examinar esas condiciones, ni pedirles a los agricultores que soporten solos las consecuencias de decisiones comerciales tomadas hace años.
Defender la producción nacional sin defender el bolsillo del consumidor es un error. También lo es mantener prácticas agrícolas que desperdicien agua, especialmente cuando las sequías y los cambios en las lluvias presionan nuestras fuentes hídricas.
Necesitamos fortalecer una mesa del arroz donde participen productores, molineros, comerciantes, consumidores, autoridades agropecuarias y responsables de la gestión del agua. Su tarea debe ser ofrecer información confiable sobre costos, inventarios, importaciones, precios y uso del agua por zona y sistema de riego.
Las autoridades deben explicar cómo se distribuirán los beneficios y costos de cualquier decisión. La transparencia no puede reservarse para las negociaciones entre funcionarios y empresarios. También les corresponde a quienes compran el arroz cada día.
Con ese diagnóstico, el Gobierno debe impulsar un plan que mejore la productividad, el almacenamiento y la comercialización. La modernización del riego, la reparación de canales y la nivelación de terrenos deben ser parte de ese esfuerzo.
El consumidor necesita voz en las decisiones. Tiene derecho a conocer el origen del arroz, pagar precios razonables y conservar la posibilidad de elegir el producto que prefiere.
No basta con resolver un conflicto arancelario. El desafío es proteger la alimentación, la producción nacional y el agua que la hace posible.
