Vivir en una isla significa convivir con riesgos naturales que no podemos controlar. Los terremotos son uno de ellos. No sabemos cuándo ocurrirá uno de gran magnitud, dónde tendrá su epicentro ni cuáles serían sus consecuencias. Lo que sí podemos saber es qué tan preparadas están nuestras edificaciones para resistirlo. Esa es una responsabilidad que no deberíamos dejar para después.
Cada vez que se produce un terremoto devastador, las imágenes de edificios colapsados, familias que lo pierden todo y vidas que pudieron salvarse nos recuerdan que los fenómenos naturales no siempre explican la magnitud de las tragedias. Muchas pérdidas humanas y materiales están relacionadas con la vulnerabilidad de las construcciones, la calidad de los materiales y el incumplimiento de las normas de seguridad.
En nuestro país solemos descuidarnos con estas cosas.
Vivimos en un entorno donde la actividad sísmica constituye una amenaza real. Deberíamos preguntarnos si nuestras escuelas, hospitales, edificios públicos, centros comerciales y viviendas están en condiciones de resistir un terremoto de gran magnitud. Una edificación puede parecer sólida y, sin embargo, esconder deficiencias que solo salen a la luz cuando es demasiado tarde.
También debemos preguntarnos cómo puede saber una familia si la vivienda que compra cumple con las normas de seguridad. ¿Quién verifica la calidad de los materiales? ¿Se supervisan adecuadamente las obras? ¿Qué responsabilidad tienen los constructores, promotores y autoridades cuando una edificación no reúne las condiciones necesarias?
Cuando adquirimos una vivienda, nos ilusionamos mucho, pero no se trata solamente de cuántos metros cuadrados tendremos para vivir. Debemos preocuparnos por la seguridad de la edificación porque están en juego la vida, la integridad física y el patrimonio de quienes la habitan. No basta con admirar la fachada, la distribución de los espacios o las facilidades que ofrece un proyecto.
Desde la perspectiva de los derechos de los consumidores, la seguridad no termina cuando se entrega una vivienda o se firma un contrato. Quien adquiere, alquila o utiliza una edificación tiene derecho a esperar que reúna las condiciones técnicas y de seguridad establecidas. Esa información no puede ser un privilegio reservado a los expertos.
Necesitamos fortalecer la cultura de prevención, mejorar la supervisión y garantizar que las normas se cumplan. No debería ser necesario esperar un desastre para averiguar si los controles funcionaron. Las autoridades deben asegurar que la vigilancia no termine cuando se aprueban los planos. La prevención cuesta menos que la reconstrucción y puede evitar pérdidas humanas irreparables.
Con esa preocupación, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco) ha escogido la seguridad de las construcciones ante posibles terremotos como tema de su conferencia-almuerzo anual, con la que celebra diez años de trabajo en defensa de los consumidores.
El encuentro tendrá lugar el jueves 19 de noviembre, en el Hotel W&P Santo Domingo, con la exposición principal del ingeniero Leonardo Reyes Madera, director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie).
Participarán en un panel Patricia Gómez, de Ciudad Alternativa; Nelson Lafontaine, de la UASD, y Annerys Meléndez, presidenta de Acoprovi.
Queremos compartir conocimientos, confrontar preocupaciones y contribuir a que la seguridad de nuestras construcciones deje de discutirse solamente después de una tragedia.
No podemos impedir que la tierra tiemble, pero sí podemos trabajar para que nuestras construcciones sean más seguras.
Los interesados pueden llamar a Onpeco al 809-797-2033.
