El Ministerio Público solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Edwin Reynaldo Rodríguez Cruz, acusado de presuntamente violar sexualmente y matar con un arma blanca a la adolescente Yosnely Álvarez, en un hecho ocurrido el pasado domingo en el municipio Villa Bisonó (Navarrete), provincia Santiago.
A Rodríguez Cruz, de 28 años de edad, también se le acusa de violación sexual agravada en perjuicio de otra menor que acompañaba a la fallecida.
Según el Ministerio Público, el imputado, quien se desplazaba a bordo de su motocicleta, se ofreció a transportar a las víctimas a comprar una cena. Indica que luego de recorrer calles y callejones se adentró en una zona apartada entre matorrales, cercana a la carretera que une el centro de la ciudad con la comunidad Capilla, en las proximidades del río Yaque del Norte, donde cometió los hechos.
El Ministerio Público, a través de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, solicitó que se imponga la prisión preventiva por 18 meses a los fines de profundizar en la investigación del caso en el que, según se ha establecido en la investigación en curso, Rodríguez Cruz amenazó a las víctimas con un arma blanca y luego cometió los graves hechos.
Agrega que una de las adolescentes, la de 13 años, intentó huir, pero fue alcanzada por el agresor que la apuñaló múltiples veces y luego lanzó su cuerpo a las aguas del río, donde fue recuperado por las autoridades después de un operativo de búsqueda.
La investigación preliminar estableció que la víctima de 14 años logró sobrevivir porque se escondió entre los matorrales cuando el agresor corrió detrás de su amiga y permaneció allí hasta el amanecer.
La calificación jurídica
Las distintas diligencias que el equipo investigador desarrolla, persiguen construir la teoría de los hechos perpetrados por el imputado, quien enfrenta cargos provisionales por violación a los artículos 117, 118 (numerales 1 y 4), 119, 127, párrafo II (2, 3, 4, 5, 8), 135, 137 (2 y 6) y 167, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley No. 44-26, que tipifican y sancionan la tortura o actos de barbarie agravados, trato cruel, inhumano o degradante, violencia de género agravada, violación sexual agravada por amenazas de muerte y uso de armas blancas.
También, el artículo 396 (A, B y C) de la Ley No. 136-03, del Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, en perjuicio de la víctima menor de 14 años.
Además, se le imputa violar los artículos 117, 118 (1 y 4), 119, 127, párrafo II (2, 3, 4, 5, 8), 93, 94 (1), 135, 137 (2 y 6), y el 167, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley No. 44-26, que tipifican y sancionan la tortura o actos de barbarie agravados, trato cruel, inhumano o degradante, violencia de género agravada, violación sexual agravada, uso de armas blancas y feminicidio agravado. Igualmente, el artículo 396 (A, B y C) de la Ley No. 136-03, en perjuicio de la víctima menor de 13 años de edad.
Un amplio equipo obtiene pruebas del caso
El levantamiento de información pericial, documental y material está a cargo de un equipo multidisciplinario del Ministerio Público, integrado por la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), dirigido por Olga Diná Llaverías; la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes del distrito judicial de Santiago, representado por la procuradora fiscal María Dolores Rojas, y la Unidad de Atención a la Violencia de Género de la Fiscalía de Santiago, dirigida por la fiscal Gladisleny Núñez.
También, por la fiscal Xiomara Peña, y el Departamento de Violencias Físicas (Homicidio) de la Fiscalía, encabezado por su directora Yeilín Durán, y la fiscal Cristina Ramírez.
El órgano investigador depositó la instancia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, la cual fijó su conocimiento para este viernes, 9 de octubre de 2026.
