El presidente Luis Abinader, como máxima autoridad del Gobierno, es quien tiene la autoridad y el deber de detener las muertes de supuestos delincuentes en presuntos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional.
Así lo consideró el abogado penalista Cándido Simón, quien recordó que, históricamente, las direcciones de la institución del orden que han incurrido en esa práctica «han fracasado en el intento».
“Presidente, mire, dé la orden. Pare eso; pare eso», llamó el togado al mandatario, durante una entrevista en el programa El Despertador, del Grupo SIN, donde además pidió a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, que investigue esos denominados enfrentamientos entre civiles requeridos por la justicia y uniformados.
Simón dijo que un grupo de siete abogados depositó una denuncia en las oficinas de Berenice Reynoso y el director general de Persecución, Wilson Camacho, para que accionen al respecto. Indicó que, hasta ahora, no han recibido respuestas de los titulares del brazo persecutor sobre la petición de los profesionales del Derecho.
«Lo que pedimos (fue) que se haga es algo muy sencillo: ningún juez autoriza para ubicar para matar. Hay nueve órdenes de arresto contra alguien. Pero, presidente (Luis Abinader), no se queje; quéjese contra los que no lo arrestaron. Entonces, ¿para arrestarlo no lo encontraron pero para matarlo sí?», dijo Simón.
«La historia da cuenta de que matando delincuentes no se reduce la delincuencia, porque si fuese así, entonces, el ministro de Salud Pública debería salir a matar mosquitos para extinguir el paludismo. Se resuelve secando los pantanos y los pantanos delictivos son dos, por lo menos: los puntos de drogas y los centros penitenciarios», añadió.
Señaló, además, que aunque la cifra ha aumentado, el grupo de abogados documentó 27 muertes cuestionables que ocurrieron en supuestos intercambios de disparos, por lo que instó a las autoridades a frenar la práctica que, a su juicio, no está contemplado en la ley.
