La propuesta del expresidente Leonel Fernández de reducir los precios de los combustibles, tras el retroceso de las cotizaciones internacionales del petróleo, ha abierto un nuevo debate entre diferentes sectores.
Algunos consideran que existen condiciones para aplicar rebajas, pero desde el Gobierno sostienen que la estabilidad de los precios responde a una política de protección fiscal y de los consumidores.
Gobierno: la prioridad es la estabilidad y no una rebaja inmediata
El ministro sin Cartera y coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascensión, calificó el planteamiento de Fernández como un pronunciamiento de carácter estrictamente político.
A su juicio, el exmandatario conoce el esfuerzo económico que ha realizado la administración del presidente Luis Abinader para evitar mayores incrementos en los combustibles durante los períodos de mayor volatilidad internacional.
Ascensión sostuvo que el Gobierno ha asumido con recursos del Presupuesto Nacional el costo de amortiguar las alzas provocadas por el conflicto en Medio Oriente y otros factores externos, evitando que esos aumentos fueran transferidos por completo a los consumidores.
Asimismo, recordó que, a diferencia de administraciones anteriores, la actual gestión no cuenta con mecanismos de financiamiento como Petrocaribe, por lo que el subsidio a los combustibles ha recaído directamente sobre las finanzas públicas, lo que, según dijo, obliga a manejar con prudencia cualquier decisión sobre una eventual reducción de precios.
Economistas: hay margen para reducir los precios
El economista Haivanjoe Ng Cortiñas consideró que mantener congelados durante 90 días los precios de las gasolinas impedirá que los consumidores se beneficien de la caída registrada en los mercados internacionales, lo que, según sus estimaciones, representará un gasto adicional de alrededor de RD$6,323 millones.
Ng explicó que las principales variables que determinan el costo de importación de los combustibles muestran una recuperación importante. Señaló que el petróleo WTI volvió a cotizar alrededor de los US$70 por barril, nivel similar al previsto por el Gobierno en el Presupuesto General del Estado para este año.
Añadió que también se ha reducido el precio de la gasolina refinada de referencia para República Dominicana, que pasó de un máximo cercano a US$3.49 por galón durante la crisis a alrededor de US$2.99 por galón en la cuarta semana de junio, recuperando cerca del 80 % del incremento registrado durante el período de mayor tensión internacional.
Transportistas: congelar ya no se justifica
Desde el sector transporte también surgieron voces a favor de una rebaja. El presidente de Fenatrano, Juan Hubieres, pidió al presidente Luis Abinader levantar la política de congelación de los precios de los combustibles y aplicar reducciones acordes con la realidad del mercado internacional.
Hubieres argumentó que el barril de petróleo se mantiene alrededor de los US$70, por lo que entiende que desaparecieron las condiciones que justificaban mantener invariables los precios internos durante los últimos meses.
En ese sentido, calificó de abusiva la decisión de congelar los combustibles por un período de 90 días y afirmó que la disminución de los precios internacionales debería reflejarse en el mercado dominicano para aliviar los costos del transporte y de los consumidores.
El expresidente Leonel Fernández reclamó al Gobierno una reducción en los precios de los combustibles al considerar que el petróleo ha regresado a los niveles contemplados en el Presupuesto General del Estado, situándose nuevamente entre US$65 y US$70 por barril. Durante una asamblea de dirigentes de la Fuerza del Pueblo en Puerto Plata, sostuvo que el subsidio aplicado por el Gobierno se justificó cuando el crudo alcanzó los US$104 por barril a raíz de la crisis en Medio Oriente, pero que esa situación ya cambió, por lo que entiende que corresponde trasladar la baja internacional a los consumidores.
El Gobierno también anunció una política de congelación temporal de los precios de las gasolinas por un período de 90 días, argumentando la necesidad de proteger a los consumidores frente a la volatilidad generada por el conflicto entre Israel e Irán y la incertidumbre en los mercados energéticos internacionales.
