República Dominicana está colocada entre los cinco países de América Latina con más altas tasas de feminicidios y violencia de género con un récord el año pasado de más de 73 mil casos de abusos físicos y mentales llevados a los tribunales y al menos 30 feminicidios íntimos se han cometido en lo que va del 2026; hechos que obligan a reenfocar los esfuerzos públicos y privados ya en marcha contra un mal de dramáticas características epidémicas.
Un auge que reafirma la urgencia de endurecer sanciones y ampliar los alcaces de los refugios creados limitadamente para extender protección a mujeres bajo amenazas de muerte sobre las que el Ministerio Público recibe anualmente unas 25 mil denuncias-querellas.
Estadísticamente, las posibilidades de que se materialicen las agresiones son particularmente altas en consonancia con las cifras ya citadas sobre la elevada incidencia de actos de fuerza contra la población femenina.
Contener conductas de pronunciado arraigo en este medio situado bajo un considerable predominio de visiones patriarcales de sumisión de las mujeres y de machos empecinados en su control total, implica aplicar políticas que ya existen pero a baja intensidad, contra el uso de espacios tecnológicos que denigran a la mujer y son usados alarmantemente para el ciberacoso y la agresión moral y la manipulación.
La educación debe ser herramienta para contrarrestar las distorsiones culturales que a una parte importante de la población masculina la lleva a tratar con brutalidad y propósitos feminicidas a seres de sus relaciones cercanas. Un esquema de reacciones airadas que tardaría en desaparecer obligando a fijar metas de fortalecer a corto plazo las campañas contra la violencia de género que desarrollan agrupaciones feministas y comunitarias.
Esas que predican y crean conciencia de los peligros que asechan en estamentos de pobreza, bajo nivel educativo e incapacidades de emanciparse del yugo de hombres abusadores. Ahí están los hechos: la mayoría de las mujeres maltratadas y asesinadas en República Dominicana correspondían a bajo niveles de ingresos y condiciones de vida. Sobrevivían en empleos informales, mal remunerados y atadas económicamente a quienes resultaron sus verdugos.
