Como una balde de agua helada de la cayó a los congresistas de ambas de cámaras del Congreso Nacional, la propuesta de la Junta Central Electoral (JCE) de reducir la cantidad de diputados en 13 demarcaciones territoriales de cara a las elecciones de 2028.
Sin importar la bandera política el rechazo fue inminente.
Entre las demarcaciones que han generado mayor preocupación figuran La Altagracia y Puerto Plata, cuyos representantes mantienen posiciones distintas sobre las consecuencias de la medida.
En el caso de La Altagracia, su senador Rafael Duluc, manifestó su desacuerdo con que esa provincia pierda representación, al considerar que su crecimiento poblacional debería ser tomado en cuenta antes de aplicar la reducción.
Rafael Barón Duluc Rijo, senador de La Altagracia.
«No creo que sea justo que sea la provincia de La Altagracia que se sacrifique en esto», expresó, al informar que preparan una instancia para solicitar que se vuelva a analizar la disposición.
El legislador sostuvo que resulta contradictorio que una de las provincias que más ha crecido tenga que asumir una reducción de su representación congresual.
Por otro lado, la senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, señaló que esa demarcación enfrenta un impacto particular, debido a que actualmente cuenta con dos circunscripciones y pasaría a tener una sola.
Ginette Bournigal: «No se va a acabar el mundo en las elecciones»
La preocupación también alcanza a la provincia Santo Domingo, que perdería ocho diputados, así como a Barahona, cuya representación bajaría de tres a dos legisladores.
Sobre este último caso, un representante de Barahona consideró innecesaria la reducción de 20 diputados y expresó su deseo de que la medida no llegue a aplicarse.
«Lo que nosotros queremos es tener más representantes en Barahona, porque todos aportamos algo», manifestó.
Otros congresistas advirtieron que la redistribución podría perjudicar a determinadas circunscripciones y afectar la representación democrática de sus habitantes.
En contraste, legisladores defendieron la aplicación de la disposición constitucional, al recordar que la reducción fue aprobada por el propio Congreso Nacional y que corresponde a los representantes cumplir con lo establecido en la Carta Magna.
«Es un mandato constitucional porque nosotros los diputados así lo decidimos. Aquí lo que hay que hacer es acatar lo que dice la Constitución, porque nosotros somos guardianes de la misma», sostuvo la diputada Soraya Sánchez.
Posiciones en el Congreso
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que el legislador Rogelio Genao trabaja en una comunicación relacionada con la resolución de la Junta Central Electoral y recordó que los partidos políticos tendrán la oportunidad de presentar sus observaciones.
Alfredo Pacheco dirige los debates en sesión.
Durante las discusiones también se cuestionó el criterio utilizado para distribuir los escaños, al señalarse que provincias como Santo Domingo, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez recibirían un impacto considerable, mientras que el Distrito Nacional tendría un tratamiento menos desfavorable.
La reforma constitucional de 2024 modificó el artículo 81 de la Constitución y estableció la reducción de 178 a 158 diputados de elección territorial, con aplicación prevista para las elecciones de 2028.
Para realizar la redistribución, la JCE utiliza como referencia el padrón electoral de mayo de 2024 y establece un mínimo de dos representantes por provincia.
Los partidos políticos tienen hasta el próximo 26 de noviembre para presentar sus observaciones antes de que el organismo electoral adopte una decisión definitiva sobre la distribución de los escaños.
