La dolarización vuelve a ocupar un lugar central en el debate económico sobre Venezuela. Steve H. Hanke, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Johns Hopkins y uno de los más reconocidos defensores de las cajas de conversión y la dolarización, sostiene desde hace años que el país debería abandonar el bolívar y adoptar el dólar estadounidense. Su razonamiento es sencillo: después de años de inestabilidad monetaria y de pérdida de confianza en la moneda nacional, Venezuela necesita un marco monetario capaz de recuperar la credibilidad e imponer la disciplina que los sucesivos gobiernos no han logrado mantener.
Conozco el argumento de Hanke más allá de sus trabajos publicados, pues fue mi profesor de Política Monetaria durante mis estudios de maestría en Economía Aplicada en Johns Hopkins, donde dedicamos considerable tiempo a discutir regímenes monetarios, crisis cambiarias, inflación y las condiciones institucionales necesarias para alcanzar la estabilidad monetaria. Una lección de aquellas discusiones me ha resultado particularmente relevante: sustituir una moneda puede restablecer la disciplina monetaria y proporcionar un ancla nominal creíble, pero no puede, por sí solo, reparar las instituciones ni corregir las políticas fiscales que destruyeron la confianza en esa moneda. Esta distinción resulta especialmente importante al analizar las circunstancias económicas de Venezuela.
La evidencia sobre la dolarización es más compleja de lo que a veces reconocen tanto sus defensores como sus críticos, sobre todo porque los beneficios asociados con la estabilidad monetaria deben sopesarse frente a la pérdida de flexibilidad que supone renunciar a una moneda nacional. Sebastián Edwards e Igal Magendzo, en sus estudios sobre las economías dolarizadas, encontraron niveles de inflación considerablemente más bajos que en países comparables que conservaron sus propias monedas, aunque sus resultados sobre crecimiento y volatilidad macroeconómica son menos concluyentes y varían según la metodología utilizada.
La dolarización impone disciplina precisamente porque reduce la discrecionalidad monetaria de las autoridades, ya que un gobierno que no puede emitir la moneda que utiliza tampoco puede financiar déficits fiscales persistentes mediante una expansión monetaria ilimitada. Esa disciplina, sin embargo, tiene un precio: el país renuncia a una política monetaria independiente, pierde el tipo de cambio como mecanismo para absorber perturbaciones externas y limita significativamente la capacidad tradicional del banco central para actuar como prestamista de última instancia durante períodos de tensión financiera.
Ecuador ofrece un ejemplo útil tanto de las posibilidades como de las limitaciones de este tipo de régimen. Cuando adoptó el dólar en el año 2000, el país atravesaba una profunda crisis bancaria, fiscal y cambiaria, mientras la inflación se aceleraba y la confianza en el sucre se había deteriorado considerablemente. La dolarización contribuyó a recuperar la confianza y, con el tiempo, a reducir la inflación, pero el cambio de moneda no operó de manera aislada. Las reformas bancarias, las medidas fiscales y el apoyo financiero internacional también formaron parte del proceso de estabilización, razón por la cual resulta difícil atribuir exclusivamente a la adopción del dólar la posterior recuperación de la estabilidad macroeconómica ecuatoriana.
La experiencia de Ecuador demuestra que una moneda creíble puede proporcionar un ancla fundamental sin constituir por sí misma un programa económico completo, especialmente cuando los problemas subyacentes trascienden la política monetaria y alcanzan la gestión fiscal, las instituciones financieras y la propia estructura de la economía. En Venezuela, adoptar el dólar podría impedir que el Banco Central de Venezuela financie los déficits gubernamentales mediante la creación de dinero, proporcionar a hogares y empresas una unidad de cuenta creíble y quizás acelerar la recuperación de la intermediación financiera. Sin embargo, no repararía la deteriorada infraestructura de PDVSA, recapitalizaría por sí sola el sistema bancario, impondría automáticamente disciplina fiscal, restablecería la confianza en los derechos de propiedad ni convencería a los inversionistas extranjeros de que sus contratos serán respetados.
Venezuela, sin embargo, no es simplemente otro país que enfrenta las consecuencias del fracaso de su moneda, porque bajo su territorio se encuentra un activo que modifica sustancialmente la dimensión económica y geopolítica de esta discusión: aproximadamente 303.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo crudo, las mayores reservas reportadas del mundo y alrededor del 17 % del total mundial.
Esta extraordinaria cifra requiere cierto contexto, pues buena parte del petróleo venezolano corresponde a crudo extrapesado concentrado en la Faja del Orinoco, cuya explotación eficiente exige enormes cantidades de capital, tecnología especializada, infraestructura y acceso a los mercados internacionales. Décadas de inversión insuficiente, pérdida de capacidad productiva, sanciones y deterioro institucional de PDVSA han creado una notable contradicción: Venezuela posee una extraordinaria riqueza petrolera bajo tierra, pero enfrenta severas limitaciones para transformar esas reservas en producción sostenida, exportaciones e ingresos fiscales.
Es precisamente en este punto donde el debate sobre la dolarización adquiere una dimensión más interesante, porque el dólar no es simplemente la moneda nacional de Estados Unidos, sino uno de los componentes centrales de la infraestructura del comercio y las finanzas internacionales. Su predominio en las transacciones financieras internacionales continúa siendo considerable y permanece profundamente arraigado en los mercados de materias primas. Las investigaciones de Michael Devereux, Kang Shi y Juanyi Xu han examinado cómo el papel del dólar como principal moneda de facturación de los productos primarios genera efectos de red que refuerzan su posición internacional, y el petróleo ha sido históricamente uno de los ejemplos más claros de esta dinámica.
Conviene considerar, entonces, lo que una dolarización formal podría significar en el contexto de una eventual reconstrucción económica venezolana, sobre todo si el país busca las enormes cantidades de capital extranjero necesarias para rehabilitar su industria petrolera. Las cuentas gubernamentales, los depósitos bancarios, los préstamos, los salarios y los contratos comerciales pasarían progresivamente a denominarse en la misma moneda utilizada para fijar precios y liquidar buena parte del comercio petrolero mundial, mientras que los inversionistas extranjeros que ingresaran a Venezuela ya no tendrían que incorporar el mismo nivel de riesgo cambiario entre el bolívar y el dólar en sus decisiones de inversión a largo plazo.
Desde la perspectiva de Washington, un esquema de esta naturaleza ofrecería varias ventajas estratégicas, entre ellas reducir los incentivos de Venezuela para desarrollar mecanismos monetarios alternativos basados en el renminbi chino u otras monedas, facilitar la participación de instituciones financieras estadounidenses y occidentales en la reconstrucción del país, disminuir el riesgo cambiario para los inversionistas extranjeros y fortalecer la vinculación entre el sector petrolero venezolano y el sistema financiero internacional centrado en el dólar. Más importante aún, la recuperación económica de Venezuela tendría lugar principalmente dentro de esa arquitectura financiera, en lugar de apoyarse en mecanismos alternativos promovidos por países interesados en reducir su dependencia del dólar.
Nada de esto demuestra que Washington favorezca la dolarización porque pretenda controlar el petróleo venezolano, y semejante conclusión iría más allá de lo que permite establecer la evidencia disponible. Venezuela conservaría la propiedad de sus recursos naturales y la adopción de una moneda extranjera no implica una transferencia de soberanía sobre sus reservas petroleras. Sin embargo, la propiedad no constituye la única fuente de influencia económica, pues la moneda en la que se fija el precio del petróleo, se financian las inversiones, se emite la deuda y se acumulan los ingresos puede moldear las relaciones económicas de una manera tan significativa como la propia titularidad jurídica de los recursos.
También importan los bancos que procesan esas transacciones, los mercados de capitales que financian las inversiones y las instituciones jurídicas y financieras que las rodean, especialmente cuando la reconstrucción de una industria petrolera de la magnitud de la venezolana podría requerir decenas de miles de millones de dólares de inversión extranjera durante muchos años. La arquitectura monetaria puede parecer un concepto abstracto hasta que comienza a determinar las condiciones bajo las cuales entra el capital a un país, la moneda en la que los inversionistas esperan recuperar sus recursos y las instituciones financieras por las que circulan los ingresos procedentes de una de las mayores reservas petroleras del planeta.
Vista desde esta perspectiva, resulta difícil ignorar las consecuencias geopolíticas de una eventual dolarización, porque un país que posee aproximadamente 303.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo estaría vinculando directamente su sistema monetario con Estados Unidos precisamente en el momento en que necesita enormes cantidades de inversión extranjera para rehabilitar su sector energético. Independientemente de que se trate de una consecuencia buscada o no, semejante esquema reforzaría la posición del dólar en el hemisferio occidental y vincularía más estrechamente la reconstrucción económica venezolana con los mercados financieros estadounidenses y occidentales, al tiempo que reduciría el espacio disponible para mecanismos monetarios alternativos.
China inevitablemente forma parte de esta discusión, pues Pekín ha dedicado años a ampliar sus relaciones económicas con América Latina mediante el comercio, el financiamiento, la inversión en infraestructura y los acuerdos energéticos. Venezuela ha ocupado una posición particularmente importante dentro de esa estrategia debido a sus recursos petroleros y a su prolongado distanciamiento político de Washington. Una dolarización exitosa no eliminaría la presencia comercial de China ni impediría que sus empresas invirtieran en Venezuela, pero colocaría cualquier inversión china futura dentro de una economía cuya moneda estaría sujeta a condiciones monetarias determinadas, en última instancia, no en Caracas ni en Pekín, sino por la Reserva Federal de Estados Unidos.
Para un país con la historia política y económica de Venezuela, esto representaría una notable disyuntiva entre credibilidad monetaria y autonomía en materia de política económica, particularmente porque la dolarización formalizaría un proceso que años de inestabilidad ya han impulsado de manera espontánea. Cuando los hogares y las empresas prefieren cada vez más utilizar dólares para ahorrar, fijar precios y realizar transacciones, la defensa de la soberanía monetaria se vuelve más difícil de sostener en términos prácticos, aunque una dolarización formal seguiría siendo una decisión institucional mucho más trascendental y difícil de revertir.
Desde una perspectiva estrictamente monetaria, la propuesta de Hanke resulta comprensible, especialmente después de años en los que Venezuela ha deteriorado repetidamente la confianza en su moneda nacional y ha experimentado los enormes costos económicos y sociales de la inestabilidad monetaria. La dolarización podría aportar credibilidad y protección frente a la monetización de los déficits fiscales, pero Venezuela renunciaría simultáneamente a una política monetaria independiente, perdería el tipo de cambio como mecanismo de ajuste y aceptaría condiciones monetarias determinadas por la Reserva Federal de acuerdo con las necesidades de la economía estadounidense y no con las de una economía sudamericana altamente dependiente del petróleo.
Dada la historia monetaria de Venezuela, ese podría terminar siendo un precio razonable para alcanzar la estabilidad e incluso convertirse en una condición necesaria para una reconstrucción económica más amplia, pero reducir el debate exclusivamente a la inflación significaría pasar por alto la transformación de mayor alcance implícita en esta decisión. La dolarización no se limitaría a sustituir el bolívar por una moneda más creíble, sino que situaría al país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo más firmemente dentro del sistema monetario y financiero construido alrededor del dólar estadounidense, otorgando a esta decisión consecuencias que trascienden ampliamente los límites tradicionales de la política monetaria.
Referencias:
Devereux, Michael B., Kang Shi y Juanyi Xu (2010). “Oil Currency and the Dollar Standard: A Simple Analytical Model of an International Trade Currency”. Journal of Money, Credit and Banking, 42(4), 521–550.
Edwards, Sebastian e Igal I. Magendzo (2003). “A Currency of One’s Own? An Empirical Investigation on Dollarization and Independent Currency Unions”. NBER Working Paper No. 9514.
Edwards, Sebastian e Igal I. Magendzo (2006). “Strict Dollarization and Economic Performance: An Empirical Investigation”. Journal of Money, Credit and Banking, 38(1), 269–282.
International Monetary Fund. Estudios e informes sobre la dolarización, el sistema financiero y la evolución macroeconómica de Ecuador posteriores a la crisis de 1999-2000.
U.S. Energy Information Administration (2024). Country Analysis Brief: Venezuela. U.S. Department of Energy.
