La educación que aún espera

A lo largo de 2026, desde distintos ángulos, nos hemos hecho la misma pregunta de fondo en el ámbito escolar dominicano: ¿para quién está diseñado realmente el sistema educativo hoy? La neurodivergencia, el calendario escolar y las artes en las aulas parecen, a primera vista, temas separados. No lo son. Los tres hablan de la distancia entre lo que el Estado promete en el papel y lo que las familias dominicanas viven cada día.

La primera historia es la de miles de niños neurodivergentes, con espectro autista (TEA), TDAH, dislexia y otras formas de procesar el mundo que se apartan de lo típico. No son enfermedades por curar, son maneras de ser que exigen entornos educativos adaptados, terapias oportunas y voluntad institucional sostenida. Ellos esperan años por un cupo de terapia mientras la ley ya reconoce su derecho a la inclusión.

La segunda es la del calendario escolar. Se trata de cuando las aulas cierran antes de tiempo y sin previo aviso. Son las familias, y sobre todo las madres, quienes absorben el costo económico y logístico.

La tercera es la del talento artístico de miles de estudiantes en la Modalidad en Artes, una apuesta que crece cada año pero que el propio sistema apenas empieza a tomar en serio. Contadas juntas, revelan un mismo patrón: políticas que avanzan en el papel, y familias que siguen esperando que avancen también en la práctica.

Una misma pregunta de fondo

Hay una espera que no se mide en minutos; más bien, en años de infancia. Mientras el discurso oficial celebra avances en inclusión educativa, miles de familias dominicanas siguen tocando puertas que no se abren a tiempo: no hay suficientes escuelas, no hay suficientes terapeutas, no hay suficiente Estado para responder a la neurodivergencia. 

Lo que dicen las cifras

El propio director del CAID, Henry Rosa Polanco, ha explicado en declaraciones recogidas por Listín Diario en febrero de 2025 que la lista de espera responde a una limitación estructural de capacidad instalada, un terapeuta, un consultorio, una demanda que crece cada año, y no a negligencia administrativa. Es una explicación honesta. También es, precisamente, la evidencia de que la respuesta institucional no ha crecido al ritmo de la necesidad.

En respuesta, el CAID ha comenzado a instalar Unidades de Intervención Terapéutica Territorial (UITT) más cercanas a las comunidades, como la de Los Guaricano, que atiende simultáneamente a Santo Domingo Este y Oeste, según detalla la propia institución en caid.gob.do en julio 2026, y ha extendido su jornada de atención a los sábados.

Son pasos concretos que merecen reconocerse, y a la vez, la brecha entre cupos disponibles y niños que esperan sigue siendo la variable que define la vida de miles de hogares.

El marco legal ya existe

En julio de 2024, el MINERD emitió la Ordenanza 05-2024, que establece los lineamientos para la educación inclusiva en el sistema educativo dominicano. La norma se fundamenta en el artículo 63 de la Constitución, en la Ley General de Educación 66-97, en la Ley 5-13 sobre Discapacidad, en la Ley 34-23 de Atención al Espectro Autista y en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el país mediante la Resolución 458-08, de acuerdo al texto de la Ordenanza No. 05-2024, MINERD, julio 2024.

La ordenanza obliga a los centros educativos regulares, no solo a los especiales, a garantizar acceso, permanencia y aprendizaje a todo estudiante con necesidades específicas, y crea el Sistema de Información de Gestión Educativa para el Registro de Discapacidades (SIGERD) para mejorar la asignación de recursos.

Es, en palabras de la propia directora de Educación Especial del MINERD, Lucía Vásquez, recogidas en la comunicación oficial del Ministerio de Educación al emitir la ordenanza, un cambio de paradigma: que estos estudiantes ingresen no solo a la educación especial, también a las aulas regulares del país.

El desafío ahora es de ejecución. Una ordenanza bien redactada no sustituye un aula acondicionada, un docente capacitado en cada distrito escolar o un presupuesto sostenido para que la inclusión sea cotidiana y no solo enunciada.

La puerta que también se cierra en lo privado

Ante la insuficiencia de la oferta pública, muchas familias intentan la vía privada, y ahí se topan con otra barrera. Es común que los colegios, al conocer un diagnóstico, exijan como condición una «sombra», un acompañante terapéutico de jornada completa, con un costo adicional que puede rondar los diez mil pesos mensuales sobre la mensualidad regular.

En sectores como Cristo Rey, en Santo Domingo, los centros privados especializados en TEA cobran entre 15,000 y 18,000 pesos al mes, una cifra fuera del alcance de la mayoría de las familias dominicanas.

Incluso cuando la familia logra cubrir ese costo, en no pocos casos el centro educativo igual no acepta al estudiante, por considerar que «el entorno no es favorable». 

Son preocupaciones reales de docentes y directores que no siempre nacen de mala fe, es del temor legítimo a no tener las herramientas para responder ante una crisis sensorial en el aula. Pero dejan una pregunta abierta: si el sistema público no tiene cupo y el privado no acepta, ¿a dónde va ese niño?

Se habla mucho, hay seminarios, discursos, pero no hay seguimientoTestimonio de un padre dominicano

La inclusión educativa dejará de ser un anuncio del Día Mundial del Autismo el día en que se traduzca en presupuesto, personal y cupos sostenidos, todos los días del año, en cada provincia del país.

Testimonios que ponen nombre a la espera

Detrás de cada cifra de este capítulo hay una familia con nombre y apellido. Leonel Sánchez es padre de Lucas, un niño de 10 años diagnosticado con TEA a los dos años. Su experiencia, recogida en el Periódico El Día durante mayo de 2026, describe una realidad que se repite en miles de hogares: incluso cuando logra acceder a terapias privadas, las citas con especialistas como psicología o psiquiatría pueden tardar meses, y son sobre todo las madres quienes terminan dejando el trabajo para sostener el cuidado diario.

Esto no puede seguir siendo solo discursoLeonel Sánchez, padre de un niño con TEA, citado en Periódico El Día, mayo 2026

Carolina, madre soltera, esperó cuatro años en la lista del CAID para obtener un cupo. Cuando finalmente lo consiguió, el centro comenzó con terapia ocupacional en lugar de la terapia conductual que su hijo necesitaba con más urgencia, y ella tuvo que acudir igualmente al sector privado, pagando entre 2,500 y 3,000 pesos por cada sesión de 25 minutos.

Es inhumano lo que hay que pagar por 25 minutos de terapiaCarolina, madre dominicana, citada en Diario Libre, 2 de abril de 2025

La periodista Grisbel Medina compartió también su propia experiencia en un reel publicado en su cuenta de Instagram, al hablar del diagnóstico de su hijo Amín Arturo. Describe el momento del diagnóstico como un instante de enmudecer, de refugiarse en la propia mente ante la incertidumbre, y el proceso posterior como una montaña rusa emocional entre la ternura, los avances y lo impredecible, que exige de la familia una adaptación constante.

Su relato pone sobre la mesa, además, la misma barrera estructural que describen Leonel y Carolina: en ausencia de una cobertura sistémica, el pago en efectivo de las terapias convierte la atención en un privilegio, y no en un derecho garantizado.

Son historias distintas, con un mismo denominador: el tiempo de espera institucional se traduce, en la práctica, en años de infancia y en deudas familiares que ninguna ordenanza, por sí sola, resuelve todavía.

Esa misma distancia entre la ley y la vida cotidiana, que aquí se mide en años de espera, se mide en otro terreno en pesos dominicanos: los que una familia paga de más cada vez que el calendario escolar se acorta sin previo aviso.

Tiempo mercantilizado

Para cualquier madre o padre que trabaja, el fin del año escolar no es sinónimo de descanso: es el inicio de una compleja ingeniería logística. Los campamentos de verano no son un capricho ni un lujo; son una necesidad estructural para que las familias dominicanas puedan seguir desarrollándose profesionalmente mientras sus hijos permanecen en espacios seguros, activos y productivos.

El problema no está en el campamento en sí, cuyo valor recreativo y formativo es indiscutible, es en la falta de coherencia entre el calendario escolar oficial y los cierres reales de las aulas, una brecha que abre la puerta a la especulación comercial.

Lo que dice el calendario oficial

El calendario oficial existe y establece fechas claras. La tensión no está en la norma, es en su cumplimiento uniforme: cuando algunos centros educativos adelantan sus cierres, ya no solo en verano, también en Semana Santa y Navidad, para dar paso a su propia oferta de campamentos, el calendario deja de ser una garantía y se convierte en una referencia flexible según la conveniencia de cada institución.

El costo que recae, sobre todo, en las mujeres

Esta no es una tensión exclusivamente dominicana, y verlo en perspectiva regional ayuda a dimensionarla. En México, organizaciones especializadas en la agenda del cuidado, según documentó El Financiero en julio de 2025, han registrado que millones de mujeres combinan trabajo remunerado con la responsabilidad principal del cuidado infantil, y que cualquier recorte al calendario escolar traslada esa carga económica y de tiempo de forma desproporcionada hacia ellas.

El mismo patrón se repite en la República Dominicana: cuando el aula cierra antes de tiempo, es mayoritariamente la madre quien reorganiza su jornada, busca una sombrilla de cuidado o asume el costo adicional.

Pagamos, en esencia, una penalidad económica por el tiempo que el colegio decidió dejar de cubrir dentro de su oferta ordinaria. Esta falta de uniformidad no solo desestabiliza el presupuesto familiar: genera una carga de estrés desproporcionada en los hogares donde conciliar trabajo y crianza ya es, de por sí, una carrera de obstáculos.

La creadora de contenido Susana Pujols, de la cuenta @millennialmomrd, describió en un reel de Instagram ese mismo malabarismo financiero como una de las presiones más altas para la economía familiar dominicana durante el verano.

Explica que el costo semanal de los campamentos se duplica o triplica según la cantidad de hijos, hasta equivaler a una matrícula extraordinaria, y que la mayoría de los campamentos cubren solo entre tres y cuatro semanas, dejando un vacío de dos a tres semanas antes del inicio de clases en el que los padres siguen trabajando sin ninguna cobertura de cuidado.

A esa brecha se suma que el cierre del verano coincide directamente con la inscripción escolar, la compra de útiles y uniformes, y la contratación de refuerzo académico, todo en las mismas semanas. Entre las estrategias que propone para sobrellevarlo están planificar el verano por bloques, combinando campamentos cortos con apoyo familiar, y crear un fondo de ahorro distribuido durante los doce meses del año, en lugar de asumir el gasto de golpe entre junio y agosto.

La gran pregunta

¿Los centros que clausuran sus labores semanas antes que otros lo hacen por razones estrictamente pedagógicas, o se trata de una estrategia comercial para obligar a las familias a costear un currículo extra que no estaba incluido en la colegiatura anual? El MINERD no puede seguir siendo un espectador pasivo ante esta realidad que afecta, sobre todo, a la clase media trabajadora.

No se trata de coartar la libertad de los colegios privados para diseñar actividades extracurriculares atractivas. Se trata de fiscalizar que el tiempo de instrucción oficial se cumpla a cabalidad, y que el calendario académico no se recorte para dar paso a la facturación de temporada.

El campamento debe seguir existiendo como la gran herramienta de esparcimiento, deporte y socialización que es, dentro de un marco institucional ordenado y justo, donde el tiempo escolar se respete por razones pedagógicas, no comerciales.

Cuando el calendario se rompe sin previo aviso

La falta de uniformidad en los cierres no es solo una sospecha de las familias: en junio de 2026, padres del Colegio Ingenium, en Pantoja, Santo Domingo Oeste, denunciaron, según reportaron al periódico El Nacional el 21 de junio de 2026 y Acento, el 20 de junio de 2026, que el centro anunció su cierre definitivo por WhatsApp, sin un plan de contingencia que garantizara la continuidad académica de los cerca de 400 estudiantes matriculados.

El aviso llegó después de que la institución ya había gestionado el proceso de reinscripción para el siguiente año lectivo, dejando a esas familias sin colegio de un día para otro y reclamando una respuesta del MINERD.

Un caso extremo, sí, pero que ilustra el punto de fondo: cuando el calendario escolar depende de la voluntad de cada centro y no de una fiscalización uniforme, es la familia, y no la institución, quien absorbe la incertidumbre.

Y si la espera y el costo son las dos primeras caras de esta misma moneda, la tercera es distinta: no habla de lo que falta; más bien, de lo que el sistema apenas está aprendiendo a valorar.

El talento que el sistema aún no termina de creer

El reciente espectáculo en el Teatro Nacional Eduardo Brito no fue un evento fortuito ni una gala aislada: fue la muestra más contundente hasta ahora de que el arte en las escuelas públicas dominicanas no es un accesorio del currículo, es un pulmón vital para la juventud del país.

Una modalidad que crece

Por primera vez en trece ediciones, la muestra nacional se celebró en el escenario cultural más importante del país, bajo el lema «Travesía del arte: origen y viaje de nuestra identidad», con diálogo cultural entre estudiantes dominicanos y expresiones de Francia, Italia, España, Puerto Rico y Estados Unidos.

El propio ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, reconoció públicamente, en declaraciones recogidas por Diario Libre el 8 de junio de 2026, que antes de asumir el cargo no conocía a fondo el alcance de esta modalidad, una honestidad que explica, en parte, por qué el respaldo institucional a las artes ha tardado en consolidarse.

Durante el acto de clausura, en el propio Teatro Nacional, el MINERD reconoció públicamente la trayectoria de dos jóvenes talentos, Marinella Sallent y David Peña Ortega, como parte de la XIII Gala Nacional «Travesías».

Reconocimientos como este, con nombre propio, en el escenario cultural más importante del país, son la contracara exacta de la espera silenciosa que describen las familias del primer capítulo: aquí el sistema sí ve, sí nombra y sí celebra el esfuerzo sostenido de un estudiante.

Es urgente pensar en la Generación Alpha

Mientras los Baby Boomers y la Generación X construyeron el sistema educativo bajo la rigidez del deber, y los Millennials y la Generación Z intentaron adaptarlo, los estudiantes que hoy llenan las aulas pertenecen a la Generación Alpha, nacidos a partir de 2010. Es la cohorte más estimulada visualmente de la historia, nativa digital, para quien la frontera entre lo real y lo creativo prácticamente no existe.

Para estos estudiantes, el arte no es un pasatiempo de fin de semana. Es su forma natural de procesar la realidad y construir identidad. Entenderlo ya no es un lujo pedagógico opcional, es una urgencia histórica para cualquier sistema educativo que aspire a formar ciudadanos plenos y no solo aprobados en una prueba estandarizada.

Prejuicios por vencer

A pesar de los frutos que hoy se cosechan, persiste dentro del propio sistema una resistencia arcaica: todavía hay tomadores de decisiones y docentes que ven las artes con escepticismo, bajo la idea de que al estudiante «solo hay que prepararlo para pasar las Pruebas Nacionales«. Se ignora que el arte es, en sí mismo, una competencia ocupacional de altísimo valor dentro de la economía naranja actual, y que restarle mérito es darle la espalda al futuro del empleo de miles de jóvenes.

Potenciar estos centros es, además, una de las estrategias más poderosas para alejar a los muchachos de la vulnerabilidad social. Un joven que cambia una esquina por un instrumento, un pincel o el escenario del Teatro Nacional es un joven al que se le cierra la puerta a los riesgos de la calle.

El reto ahora es institucional: que el sistema, desde sus cimientos y su mentalidad docente, entienda que formar artistas es también formar ciudadanos críticos, sensibles y productivos, y que la excelencia vista en el Teatro Nacional deje de ser la excepción de una gala para convertirse en la norma de la educación dominicana.

¿Para quién es el sistema?

Estas tres realidades: la neurodivergencia sin cupo, el calendario mercantilizado y el talento artístico aún subestimado, no son tres realidades distintas. Son la misma historia, contada tres veces desde ángulos distintos de la misma infancia dominicana.

La República Dominicana ha construido, en los últimos años, un marco normativo e institucional cada vez más moderno y consciente: la Ordenanza 05-2024, la expansión de las Unidades de Intervención Terapéutica Territorial, el crecimiento sostenido de la Modalidad en Artes.

Pero en las tres historias se repite el mismo patrón: hay una política pública que reconoce el problema, hay una autoridad que lo declara prioritario, y hay, al mismo tiempo, una familia dominicana promedio que experimenta la distancia entre esa declaración y su realidad cotidiana; ya sea en años de espera, en pesos de más cada julio, o en un talento que aún debe justificar su lugar en el currículo.

Es también, de manera transversal, una historia de mujeres: son mayoritariamente las madres quienes gestionan las citas de terapia, quienes reorganizan su jornada laboral cuando el calendario escolar se acorta, y quienes acompañan más de cerca el desarrollo artístico y emocional de sus hijos. Cualquier propuesta de política educativa que no contemple ese peso desigual del cuidado estará incompleta.

La buena noticia es que ninguna de las tres brechas descritas aquí es irreversible. Todas tienen, ya, una primera respuesta institucional en marcha: el CAID amplía cupos, el MINERD regula con una ordenanza inédita, la Modalidad en Artes crece cada año.

Lo que falta no es voluntad declarada; es sostenerla con presupuesto, fiscalización y tiempo, hasta que dejar de esperar, dejar de pagar de más y empezar a creer en el talento propio no sean la excepción de una familia con suerte, es la norma para cualquier niño dominicano.

Sostener ese cambio pasa por gestos concretos: publicar de forma trimestral y por sede el estado de la lista de espera del CAID, como ya inició la propia institución, para mantener viva la presión pública y la rendición de cuentas; acompañar la Ordenanza 05-2024 con un cronograma público de aulas específicas, personal capacitado y presupuesto por distrito escolar, con metas verificables año a año; y establecer un mecanismo de fiscalización del MINERD sobre los cierres anticipados de centros privados, que distinga entre planificación pedagógica legítima y estrategia comercial de temporada.

Pasa también por incorporar una perspectiva de economía del cuidado en la política de calendario escolar, que reconozca el impacto diferenciado sobre las madres trabajadoras, y por expandir el presupuesto y la infraestructura de la Modalidad en Artes al ritmo de su demanda creciente, capacitando a los equipos directivos de bachillerato general en el valor curricular de las artes.

Ninguna de estas medidas exige inventar algo nuevo: exige sostener, con recursos y constancia, lo que el propio Estado ya reconoció como necesario.