Promulgada el 13 de agosto de 2018 bajo la gestión del presidente Danilo Medina, la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos marcó un hito histórico en la República Dominicana tras más de dos décadas de debates legislativos. Su objetivo principal era poner orden al sistema de partidos, transparentar el financiamiento de las campañas y garantizar la democracia interna de las organizaciones políticas.
A ocho años de su entrada en vigor, la norma ha experimentado un drástico proceso de desmembramiento judicial y legislativo que transformó radicalmente su alcance original.
1. Los pilares clave que estableció la Ley 33-18
La norma introdujo un marco regulatorio estricto sobre aspectos que antes operaban en la informalidad:
Casa Nacional PLD.
Regulación de las precampañas: Estableció fechas fijas para el inicio y cierre de la precampaña electoral (a partir del primer domingo de julio del año preelectoral), prohibiendo la propaganda destiempo en medios masivos.
Democracia interna e inspección de la JCE: Obligó a los partidos a celebrar primarias, convenciones o asambleas bajo la supervisión directa de la Junta Central Electoral (JCE), permitiendo el uso del padrón abierto o cerrado según los estatutos de cada organización.
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Cuota de género y juventud: Fijó la reserva del 40% mínimo y 60% máximo de candidaturas por sexo en las propuestas presentadas por los partidos, además de destinar un 10% de las candidaturas a jóvenes menores de 35 años.
Límites al financiamiento privado: Fijó topes a las aportaciones individuales de particulares a los precandidatos y candidatos, exigiendo la rendición de cuentas pública e identificada del origen de los fondos.
Sanciones al «transfuguismo»: Estableció la prohibición de que precandidatos que participaran en un proceso interno de un partido y resultaran vencidos pudieran ser postulados por otra organización en el mismo proceso electoral.
Leonel Fernández encabeza actividad Fuerza del Pueblo en Puerto Plata.
2. ¿Qué ha pasado en sus ocho años de aplicación?
El balance de la Ley 33-18 se caracteriza por un persistente pulso entre la intención del legislador y el marco de derechos fundamentales de la Constitución de 2010.
Anulación en cascada por el Tribunal Constitucional
Sede del Tribunal Constitucional (TC).
Desde su promulgación, la ley enfrentó decenas de recursos de inconstitucionalidad interpuestos por juristas, militantes políticos y organizaciones de la sociedad civil. El Tribunal Constitucional (TC) mutiló o modificó más de 15 artículos de la norma, entre los que destacan:
Libertad de expresión en redes sociales: El TC declaró inconstitucional el artículo 44.6 que castigaba con prisión los «comentarios difamatorios» contra candidatos en redes sociales durante la precampaña, por vulnerar la libertad de expresión.
Prohibición de propaganda en medios durante la precampaña: Se anularon los párrafos que impedían la difusión de mensajes publicitarios en radio y televisión durante el periodo de precampaña.
El alcance de la cuota de género: La jurisprudencia constitucional y electoral rectificó que la cuota del 40-60% de candidaturas femeninas deba aplicarse por demarcación electoral (provincia o municipio) y no de manera nacional global, evitando que las mujeres fueran relegadas a zonas con pocas posibilidades de triunfo.
Reserva de candidaturas: Se ajustaron los límites al porcentaje de candidaturas que la alta dirección de un partido puede reservar discrecionalmente sin ir a votación interna.
Coexistencia y choque con la Ley Orgánica 20-23
En febrero de 2023 se promulgó la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la cual derogó y corrigió varios aspectos operativos que chocaban directamente con la Ley 33-18. Esto obligó a la JCE a emitir constantes resoluciones y reglamentos para armonizar ambas leyes en los torneos electorales de 2020 y 2024.
