El sábado 18 de julio, a las 8:30 de la mañana, un empleado nuestro y su esposa circulaban correctamente en una motocicleta. Un conductor irrespetó la luz roja de un semáforo y los impactó violentamente. La peor parte la llevó ella, quien sufrió una profunda herida en una pierna que, por fortuna, no terminó fracturada.
Lo que ocurrió después resulta tan preocupante como el propio accidente. El hecho sucedió frente al hospital militar, a una cuadra de dos clínicas privadas y a pocas cuadras del Hospital General de la Plaza de la Salud. Cuando se llamó al 911, la ambulancia trasladó a la paciente a un centro médico privado mucho más distante, ubicado en otra zona de la ciudad. Allí comenzó otro calvario.
A pesar de tratarse de una emergencia, la atención quedó condicionada al depósito previo de quince mil pesos, porque el seguro de la ARS APS no cubría el servicio requerido.
Durante aproximadamente dos horas, la paciente permaneció sin recibir la asistencia que la gravedad de su estado demandaba, mientras sus familiares conseguían el dinero. Solo después de realizar el pago comenzó la atención médica.
Surgen entonces preguntas que merecen respuestas públicas. ¿Con qué criterios decide el 911 a qué centro médico trasladar a un paciente? ¿Por qué no fue llevada al hospital o a las clínicas más cercanas? ¿Existe un protocolo claro y transparente para adoptar esas decisiones? Todos los ciudadanos tenemos derecho a saberlo.
A esta situación se suma otro hecho igualmente preocupante: la motocicleta de la víctima quedó retenida y, seis días después del accidente, aún no le había sido devuelta. Cuando por fin le informaron que podía retirarla, no se la entregaron en el lugar donde fue recibida, sino en un depósito distante. Allí la encontró con una goma pinchada.
Quien sufrió el choque terminó, además, privado de su principal medio de transporte, sin información clara sobre el procedimiento para recuperarlo. La cadena burocrática se convirtió así en un atropello adicional.
Este caso no es únicamente la historia de una familia. Es el reflejo de una debilidad institucional que miles de dominicanos enfrentan cada día. El ciudadano cumple las normas de tránsito, es víctima de la imprudencia de otro conductor y luego debe enfrentarse a un sistema que parece colocar obstáculos en lugar de ofrecer soluciones.
Necesitamos revisar las reglas. Las emergencias médicas deben estar guiadas exclusivamente por la proximidad, la capacidad de respuesta y la protección de la vida. La transparencia debe ser una obligación, no una opción. Las víctimas merecen un trato digno, sin cargas adicionales ni incertidumbres innecesarias.
Un Estado se mide por la forma en que protege a quienes atraviesan su momento de mayor vulnerabilidad. Cuando una persona accidentada tiene que preocuparse por conseguir dinero antes de ser atendida o por recuperar el vehículo que utilizaba para trabajar, algo está fallando profundamente.
No podemos ni debemos acostumbrarnos a la repetición de estas historias. La indignación ciudadana debe convertirse en un llamado a corregir aquello que hoy debilita la confianza en nuestras instituciones.
Es necesario que el 911 publique los criterios utilizados para el traslado de pacientes, que el Ministerio de Salud Pública supervise la atención de emergencias en los centros privados y que la Digesett establezca un procedimiento ágil y transparente para devolver los vehículos a las víctimas de accidentes.
