Durante años hemos invertido gran parte de nuestros esfuerzos en fortalecer las respuestas de protección institucional. Quizás ha llegado el momento de preguntarnos si estamos destinando la misma energía a fortalecer las condiciones generales de prevención.
Entiendo que ningún fenómeno social puede comprenderse de manera aislada. Los niños y las niñas no existen separados de sus familias; las familias no existen separadas de sus comunidades; las comunidades no existen separadas de las instituciones públicas. Cuando uno de estos elementos se debilita, los efectos terminan extendiéndose al conjunto del sistema.
Con frecuencia depositamos sobre una sola institución la responsabilidad de resolver problemas que en realidad son el resultado de múltiples factores acumulados. Esperamos que CONANI resuelva situaciones originadas en la pobreza, la violencia, la exclusión educativa, la precariedad de los servicios de salud mental, las desigualdades territoriales o la ausencia de redes comunitarias de apoyo, sin embargo, ninguna institución puede sustituir aquello que la sociedad dejó de construir.
Pensar en protección implica reconocer que la seguridad de la infancia depende de todos y todas y que un entorno protector es aquel donde niños y niñas pueden desarrollarse libres de violencia, pero también donde cuentan con oportunidades educativas, acceso a salud, acompañamiento emocional, participación social y relaciones significativas que fortalezcan su bienestar.
Considerando esto, comparto 10 recomendaciones de pueden asegurar garantías de no repetición de casos de desprotección dentro y fuera de los espacios residenciales u hogares de paso:
Primero, fortalecer los programas de apoyo a las familias antes de que la separación familiar se convierta en la única alternativa posible. La mejor protección infantil sigue siendo una familia que cuenta con las condiciones sociales, económicas, emocionales y culturales necesarias para cuidar.
Segundo, incrementar la inversión pública en salud mental comunitaria, especialmente para niños, niñas, adolescentes y cuidadores. Muchos de los factores que terminan produciendo desprotección tienen un importante componente emocional y psicosocial que suele ser atendido demasiado tarde.
Tercero, consolidar un sistema nacional de detección temprana que articule escuelas, centros de salud, gobiernos locales, organizaciones comunitarias y entidades de protección para identificar señales de riesgo antes de que evolucionen hacia situaciones críticas.
Cuarto, ampliar significativamente los programas de familias de acogida, de manera que más niños y niñas puedan crecer temporalmente en entornos familiares mientras se resuelven sus procesos de protección, reduciendo así la necesidad de institucionalización prolongada e incrementando colateralmente, la coresponsabilidad social.
Quinto, fortalecer los programas de preparación para la vida independiente dirigidos a adolescentes que egresarán de los espacios residenciales, garantizando acceso a educación, formación técnica, empleo, vivienda y acompañamiento emocional durante la transición a la adultez en coordinación con todas las instituciones que forman parte del Sistema de Protección.
Sexto, profesionalizar de manera permanente al personal que trabaja en los espacios residenciales dirigidos por CONANI y/o Organizaciones de la Sociedad Civil, incorporando formación especializada en trauma, salud mental, metodologías participativas, reparación del daño, resolución de conflictos, enfoque de derechos humanos, igualdad de género y participación infantil.
Séptimo, establecer mecanismos periódicos e independientes de supervisión y evaluación de los centros residenciales, orientados no solo a verificar infraestructura y procedimientos, sino también la calidad de las relaciones, el bienestar emocional y la protección efectiva de los derechos de quienes viven allí.
Octavo, garantizar espacios reales de participación infantil dentro de los hogares de paso y demás modalidades de cuidado alternativo, de forma que niños, niñas y adolescentes puedan expresar sus preocupaciones, detectar alertas de riesgo de manera temprana, formular propuestas y participar en las decisiones que afectan su vida cotidiana.
Noveno, reducir los tiempos administrativos asociados a los procesos de protección. Cada expediente retrasado representa días, semanas o meses adicionales de institucionalización que podrían evitarse mediante una mejor articulación interinstitucional.
Y décimo, construir una política nacional de prevención de la desprotección infantil que coloque a las familias y comunidades en el centro de la respuesta pública, entendiendo que la protección no comienza cuando un niño ingresa a CONANI, sino muchos años antes.
