Nueva York (EFE).- Chicago, (EE.UU.) (EFE).- Unos 200 soldados de la Guardia Nacional enviados por Texas se encuentran instalados en Chicago, listos para desplegarse, y a ellos se suman otros 300 miembros de Illinois que se preparan para movilizarse en los próximos días.
De acuerdo con el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, la Guardia Nacional desplazada en Chicago permanecerá en el lugar por un plazo inicial de 60 días y tendrá como tarea proteger a los agentes de la Patrulla Fronteriza y a otras fuerzas federales que se encuentran en la ciudad.
Los soldados de Texas que arribaron este martes se encuentran en el campamento militar de Elwood, a una hora de la zona metropolitana de Chicago, según una fuente militar anónima citada por el New York Times.
Se han ubicado en remolques donde pasarán la noche y podrían comenzar sus operativos en la ciudad el miércoles por la mañana.
A los 200 miembros de la Guardia Nacional de Texas, enviados por el gobernador republicano Greg Abbott, podrían unirse unos 300 miembros de Illinois, quienes están haciendo preparativos para poder iniciar operaciones en unos días.
El alcalde de Chicago hace advertencia a la Guardia Nacional
Ante el inminente despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, el alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, dijo que se presentarán cargos criminales contra agentes federales que violen la ley durante sus operativos, especialmente aquellos de carácter migratorio.
La ciudad está envuelta desde hace casi un mes en la operación Midway Blitz, liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), que, amparados en «garantizar la seguridad», han intensificado las detenciones de personas de origen latino, principalmente con el objetivo de deportarlas.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza incluso llegaron a abrir fuego el pasado sábado en el área de South Side, hiriendo a una ciudadana estadounidense que de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, portaba una pistola.
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Por su parte, el propio Trump intervino hoy desde el Despacho Oval, junto al primer ministro canadiense Mark Carney, para volver a cargar contra el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson —ambos del Partido Demócrata—, resaltando su «incapacidad» en la gestión de «asuntos de delincuencia».
No obstante, estadísticas oficiales sobre criminalidad del Departamento de Policía de Chicago muestran descensos interanuales, con una reducción de los homicidios del 28% con respecto al mismo período del año pasado y de casi el 50 % con respecto a hace cuatro años.
La fiscal general de EE.UU. defiende el despliegue
En su testimonio ante el Comité Judicial del Senado, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, declaró que el director del FBI, Kash Patel, y el fiscal general adjunto Todd Blanche se dirigen a Chicago junto con las tropas de la Guardia Nacional.
«Ojalá amaran a Chicago tanto como odian al presidente Trump; actualmente la Guardia Nacional está de camino a Chicago porque no protegen a sus ciudadanos», contestó Bondi a la pregunta de Dick Durbin, senador demócrata por Illinois, en el mencionado comité sobre la movilización de las tropas en su estado.
Por el momento, el juzgado federal del sur de la ciudad de Chicago y el centro de detención Broadview, donde se han reunido manifestantes en las últimas semanas y hubo algunos enfrentamientos con las autoridades, permanecen en calma.
El despliegue ordenado por Trump ocurre en medio de crecientes protestas contra las redadas migratorias en Chicago.
Trump no descarta invocar la Ley de Insurrección en Chicago
El propio Trump insinuó hoy que podría invocar la Ley de Insurrección vigente para sofocar las protestas y combatir lo que ve como una «ola de crimen rampante» en la ciudad de Chicago.
«Si miran a Chicago, es una gran ciudad donde hay mucha delincuencia, y si el gobernador (de Illinois, JB Pritzker) no puede hacer el trabajo, nosotros lo haremos», advirtió en el Despacho Oval durante una reunión con el primer ministro canadiense, Mark Carney.
La Ley de Insurrección, una normativa de 1807, otorga al presidente poderes de emergencia para desplegar tropas en territorio estadounidense y serviría para eludir las recientes sentencias judiciales que han bloqueado los esfuerzos de Trump por desplegar la Guardia Nacional en otras ciudades estadounidenses.
