Por Raúl Germán Bautista.- N Investiga vuelve a poner en el centro del debate una problemática que, aunque identificada desde hace décadas, continúa sin solución: la falta de un marco legal claro que regule la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos no tradicionales como barberías y salones de belleza.
Desde 2003, N Investiga ha documentado cómo la ubicación de centros de expendio de alcohol cerca de escuelas y universidades facilita el inicio temprano en el consumo de estas bebidas por parte de jóvenes. En 2023, se publicó un reportaje sobre un proyecto de ley que buscaba regular el expendio de alcohol, y otro que reveló detalles sobre “Santana Barber Shop”, un establecimiento que además de cortar cabello, ofrecía bebidas alcohólicas y bailes eróticos, lo cual fue denunciado como una forma de explotación sexual encubierta.
El tema ha vuelto a generar controversia tras una intervención ocurrida la madrugada del domingo 27 de abril en una barbería de Boca Chica. Este caso reavivó el debate sobre la permisología que deberían tener locales comerciales no registrados como bares o discotecas, pero que en la práctica venden alcohol como si lo fueran.
Pese a que se han sometido múltiples proyectos de ley en el Congreso Nacional, ninguno ha sido aprobado. Esto plantea interrogantes sobre la existencia de intereses económicos que podrían estar obstaculizando su aprobación, considerando que se trata de un sector que mueve miles de millones de pesos al año.
Las preguntas son muchas: ¿por qué no se aprueban estas leyes? ¿Qué opinan los dueños de salones y barberías? ¿Qué beneficios tendría implementar una regulación adecuada? ¿Y cómo contribuiría esto a la seguridad ciudadana?
N Investiga, también, pone sobre la mesa la opacidad con la que operan algunos negocios. Aunque se registran como barberías, en la práctica funcionan como bares sin licencia, lo que no solo incumple con normativas fiscales y municipales, sino que también pone en riesgo a la ciudadanía.
En 2003, el entonces consultor jurídico de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), Ramón Ernesto Pérez, advertía sobre la falta de una legislación que limitara la cercanía de los centros de expendio de bebidas alcohólicas a instituciones educativas. Hoy, 22 años después, la realidad sigue igual: no existe un marco legal que regule la venta de alcohol en barberías, salones de belleza y otros establecimientos no tradicionales.
Te puede interesar: Antigua Orden Dominicana, convocante a marcha en Friusa, tiene un sistema de captar recursos y poca legalidad
A lo largo de estas dos décadas, se han presentado múltiples iniciativas legislativas orientadas a regular el expendio, suministro y consumo de bebidas alcohólicas, especialmente para proteger la salud pública y prevenir el consumo en menores de edad. Sin embargo, ninguna ha sido aprobada.
Actualmente, la República Dominicana solo cuenta con el decreto 308-06, del año 2006, que establece restricciones de horario para la venta de alcohol: desde las 12:00 de la madrugada de domingo a jueves, y desde las 2:00 a. m. los viernes y sábados. Este decreto no contempla licencias ni fiscalización para establecimientos fuera del circuito tradicional de bares, discotecas y restaurantes, que son los únicos que pueden obtener permisos anuales a través del Ministerio de Turismo.
Según Darwin Marte, encargado de Litigios del Ministerio de Interior y Policía, su institución solo puede verificar el cumplimiento de los horarios establecidos por el decreto. “Todavía no tenemos un texto legal que nos otorgue atribuciones para supervisar quién vende alcohol o no”, señaló.
La senadora Aracelis Villanueva, de San Pedro de Macorís, advierte que el decreto vigente es inconstitucional, ya que la Constitución de 2010 establece que ese tipo de regulaciones debe hacerse por ley. Desde 2008, se han presentado varias propuestas legislativas. En 2023, se reintrodujo un proyecto que había pasado de legislatura en legislatura sin aprobarse. El senador Santiago Zorrilla fue quien lo sometió de nuevo, y ha sido trabajado en vistas públicas con diversas instituciones.
Este proyecto propone que negocios como colmados, peluquerías, salones, clubes nocturnos y bares necesiten una licencia de venta de alcohol, válida por dos años y sujeta a renovación. Entre los requisitos: ubicación, giro comercial declarado, condiciones sanitarias, pago de impuestos y supervisión por parte del Ministerio de Interior y Policía, con el apoyo de los bomberos y el Ministerio de Salud.
No obstante, pese a haber sido sometido al menos cinco veces desde 2020 —la más reciente el 19 de agosto de 2024— el proyecto aún espera revisión en la Cámara de Diputados. El pasado 18 de marzo, la senadora Villanueva depositó otra propuesta similar, y expresó su disposición a fusionarla con la anterior para avanzar en su aprobación. Sin embargo, reconoció que los proyectos que llegan desde el Senado muchas veces perimen al llegar a la Cámara de Diputados.
En 2024, el país reportó un notable aumento en el consumo de alcohol. Solo en cerveza se consumieron 21 millones de litros, el nivel más alto desde 2008. Le siguen el ron (5.6 millones de litros) y el whisky (2.7 millones), sumando un total de 29.3 millones de litros entre estas tres bebidas.
“Hay mucho trabajo, pero también hay iniciativas urgentes que requieren atención inmediata y a veces desplazamos otras propuestas”, explicó el senador Franklin Romero, presidente de la Comisión de Interior y Policía del Senado. Afirmó que no ha recibido presiones del sector licorero, aunque reconoció que se trata de una industria que genera miles de millones de pesos; solo el sector cervecero aportó el 2.7% del PIB en 2024, con RD$41,335 millones en impuestos.
Pese a la falta de regulación, muchos negocios ya venden alcohol como una forma de aumentar ingresos. Apolinar De Jesús, presidente de la Unión de Peluqueros del Distrito Nacional —que agrupa a unas 400 barberías—, reconoce que en otros países como Argentina, donde trabajó, es obligatorio tener licencia para vender bebidas. En sus palabras: “Si yo voy a vender refrescos o alcohol, debo tener un permiso”.
Apolinar de Jesús admite haber incursionado en la venta de alcohol en su barbería en los últimos 12 años, aunque asegura respetar los horarios establecidos en el decreto para evitar sanciones.
El vacío legal persiste porque el decreto actual no menciona ni contempla barberías y salones de belleza. “Si todos buscamos un país organizado, este tipo de cosas debe regularse”, declaró Darwin Marte, del Ministerio de Interior y Policía.
Una opción viable sería que los ayuntamientos regulen estas actividades mediante permisos de uso de suelo, evitando que negocios registrados como barberías funcionen en realidad como bares encubiertos.
En otros países, esta regulación es clara. En México, la venta de alcohol en estos establecimientos requiere permisos municipales. En España, se prohíbe consumir alcohol en áreas de trabajo de salones de belleza. En Suecia, Alemania y el Reino Unido, se exige una licencia específica.
En República Dominicana, con un consumo per cápita de 6.9 litros de alcohol puro al año —séptimo en la región según el Banco Mundial— y un 13% de la población con algún grado de dependencia, el problema es más que evidente. Pero la respuesta legislativa sigue ausente.
Además de la falta de transparencia en sus actividades económicas, otro desafío que enfrentan muchas barberías en República Dominicana es la exposición de menores al consumo de alcohol y, en algunos casos, a entornos de posible explotación sexual.
En julio de 2023, N Investiga reveló el caso de Santana Barber Shop, un establecimiento donde se permitía la entrada de menores, se vendía alcohol libremente y mujeres semidesnudas ofrecían bailes a los clientes. La situación generó alarma por los indicios de trata de personas y explotación sexual encubierta, a pesar de los intentos de su propietario por justificar la actividad.
Una fotografía obtenida por este medio mostraba a una bailarina junto a un menor de edad dentro del local, lo que evidenciaba la gravedad del problema.
Pero este no parece ser un caso aislado. Esta semana, N Investiga identificó otro establecimiento, bajo el nombre de Mister Hair Cut y Spa, ubicado en el sector El Millón, en el Distrito Nacional. Aunque registrado legalmente desde junio de 2023 en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) como una empresa de servicios de peluquería, estética y venta de productos relacionados, el lugar operaría con una fachada.
Miembros del equipo de investigación acudieron al local con cámaras ocultas. Al principio, todo parecía normal: un barbero atendía a un cliente. Sin embargo, al consultar sobre bebidas, una empleada respondió:
“Tenemos whisky, ron, tequila y cerveza”.
Al cruzar una puerta oculta, el panorama cambiaba radicalmente. Se accedía a un segundo ambiente, con barra, música y mujeres que actuaban como anfitrionas, abordando a los clientes.
Las imágenes captadas muestran a hombres consumiendo alcohol en compañía de mujeres, en un ambiente que nada tiene que ver con un salón de belleza. Es claro que la ausencia de regulación ha permitido que estos espacios operen como zonas grises de ilegalidad, disfrazadas de negocios lícitos.
Para Apolinar De Jesús, presidente de la Unión de Peluqueros del Distrito Nacional, estos negocios no representan al gremio.
“Eso degrada lo que es nuestra clase. Si se quiere montar un centro nocturno, que lo hagan como tal, pero no bajo la fachada de una peluquería”, afirmó.
Más allá del engaño comercial y la exposición de menores, la implementación de licencias claras para la venta de alcohol también tendría un impacto en la seguridad ciudadana. Así lo sugieren estudios realizados en São Paulo, Brasil, que indican una reducción de los niveles de violencia e incluso homicidios cuando se limita la venta de bebidas alcohólicas.
En República Dominicana, sin embargo, no se han hecho estudios similares, según reconoció Darwin Marte, encargado de Litigios del Ministerio de Interior y Policía.
Ante este panorama, la senadora Aracelis Villanueva hizo un llamado a sus colegas del Senado y a los diputados a respaldar los proyectos de ley que buscan regular la venta de alcohol más allá del decreto 308-06, que solo rige horarios de expendio.
“Este proyecto no busca hacer daño ni poner trabas. Queremos que sustituya un decreto obsoleto y que se establezca una ley con verdadero peso legal”, señaló.
El senador Franklin Romero, presidente de la Comisión de Interior y Policía, indicó que el tema será retomado una vez se concluya la evaluación del proyecto migratorio, que actualmente tiene prioridad en la agenda legislativa.
Esto ha generado críticas, pues da la impresión de que el Congreso solo puede enfocarse en un tema a la vez, como si las múltiples necesidades del país pudieran esperar turno.
Desde el sector de peluquerías, también se pide ser incluidos formalmente en la discusión legislativa. De Jesús expresó:
“Ojalá se haga una ley que nos tome en cuenta, para que podamos pasar de la informalidad a la formalización”.
Más que un debate sobre permisos y licencias, lo que está en juego es el tipo de sociedad que la República Dominicana quiere construir: una donde impere la legalidad, se proteja a la infancia y se garantice la seguridad ciudadana, o una donde la informalidad y el descontrol sigan siendo la norma.
No se puede seguir postergando una regulación que afecta directamente la salud pública, la transparencia económica y la protección de miles de jóvenes. El Congreso tiene en sus manos una deuda histórica con la ciudadanía. Mientras no se actúe, algunas barberías seguirán operando como verdaderas zonas de ilegalidad, donde lo que menos importa es cortar el cabello.
