Entre el 4 de agosto y el 15 de noviembre de 1865, la República Dominicana vivió uno de los períodos de transición más intensos y determinantes de su historia post-Restauración.
Tras el retiro definitivo de las tropas españolas en julio de ese mismo año, el país emergió devastado por la guerra, sumido en la ruina económica y carente de un liderazgo civil plenamente consolidado. En este contexto de incertidumbre, la figura militar del general José María Cabral y Luna asumió la jefatura del Estado bajo el título de Protector de la República.
Lo que estaba destinado a ser un régimen de paso provisional para reorganizar las instituciones terminó convirtiéndose en un gobierno relámpago de poco más de noventa días que sentó las bases de la política dominicana de la segunda mitad del siglo XIX.
El vacío de poder tras la victoria restauradora
Con la ratificación del decreto de desocupación por parte de la Corona española, las fuerzas patriotas lograron restaurar la soberanía nacional.
La Guerra de la Restauración
Sin embargo, el liderazgo de la Guerra de la Restauración estaba profundamente fragmentado entre caciques militares regionales y distintas facciones políticas.
El Gobierno Provisional de Santiago, encabezado por el general Benigno Filomeno de Rojas, resultaba distante para la capital. El 4 de agosto de 1865, en Santo Domingo, un movimiento militar y popular proclamó a José María Cabral —un héroe de las guerras de Independencia y de la gesta restauradora— como la autoridad suprema encargada de conducir la transición institucional.
Medidas clave de un gobierno relámpago
A pesar de la brevedad de sus tres meses de gestión, la administración de Cabral se vio obligada a tomar decisiones drásticas para devolver la operatividad al Estado:
Convocatoria a la Asamblea Constituyente: El objetivo central de Cabral fue dotar al país de un marco legal republicano. Convocó elecciones para elegir a los redactores de una nueva Carta Magna, la cual fue promulgada en noviembre de 1865 con un marcado carácter liberal y progresista.
Intento de pacificación y amnistía: Intentó conciliar las facciones enfrentadas (santanistas, baecistas y restauradores puros) para evitar que el país reincidiera en una guerra civil de manera inmediata.
Reorganización hacendaria: Enfrentó una crisis fiscal aguda provocada por la devaluación de la moneda circulante y la paralización de la producción agrícola y el comercio pesquero tras la contienda bélica.
La sombra del baecismo y el fin de la protectoría
El mayor desafío para el breve gobierno de Cabral no fue la reconstrucción económica, sino la presión política interna. Las masas populares y importantes sectores del ejército exigían el retorno al poder de Buenaventura Báez, figura carismática que se encontraba en el exilio.
Cabral, partidario de mantener la independencia de criterio del bando restaurador, comprendió que resistir la ola del baecismo desencadenaría un derramamiento de sangre innecesario. Demostrando su apego al orden institucional, facilitó el trabajo de la Asamblea Constituyente y, una vez aprobada la Constitución y elegido Báez por el Congreso Nacional, le entregó formalmente la presidencia el 15 de noviembre de 1865.
El legado de los 90 días
El primer mandato de José María Cabral —quien volvería a gobernar el país entre 1866 y 1868— demostró las complejas contradicciones de la época: la dificultad de implantar un régimen democrático y ordenado en una nación dominada por el caudillismo militar.
Esos tres meses de 1865 no solo representaron la transición formal de la dominación extranjera al autogobierno, sino que marcaron el inicio definitivo de la histórica rivalidad entre el Partido Azul (de corte liberal y restaurador) y el Partido Rojo de Báez, una pugna que definiría el rumbo del país durante las décadas siguientes.
