Ángel Luis Guzmán Vásquez es mencionado 444 veces en la solicitud de medida de coerción del caso denominado Senasa 2.0-A, una investigación derivada de la también llamada operación Cobra, en la que el Ministerio Público le atribuye un papel dentro de una supuesta estructura que presuntamente habría gestionado autorizaciones médicas irregulares y utilizado datos de afiliados para obtener pagos de manera fraudulenta.
De acuerdo con la instrumentación presentada por el Ministerio Público, Guzmán Vásquez trabajó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas del Seguro Nacional de Salud (Senasa) desde el 8 de marzo de 2021 hasta el 1 de noviembre de 2022. Ese período coincide parcialmente con el lapso en que, según la acusación, fueron tramitadas las autorizaciones médicas que son objeto de investigación.
El órgano acusador sostiene que Guzmán habría utilizado su condición de empleado de Senasa y el conocimiento que tenía sobre los protocolos internos para facilitar la obtención de autorizaciones de procedimientos y consultas médicas que, según la investigación, no habían sido solicitados ni recibidos por los afiliados cuyos datos eran utilizados.
Pese a que es mencionado más de 400 veces (lo que representa una aparente relevancia) el periódico Hoy comprobó que el señalado no figura en la lista principal de los encartados. No está su nombre pero tampoco su foto, como sí sucede con los demás imputados. Hasta el momento, se desconoce la razón de esto.
¿Qué papel le atribuye el Ministerio Público?
Según el expediente, Guzmán habría actuado junto a personas de su entorno familiar, entre ellas su esposa, Adonay María Carrasco Heredia, y su hermano, el médico Angeury Guzmán Vásquez, además de otros imputados y exempleados de Senasa que son objeto de investigación.
La acusación señala que el grupo realizaba llamadas al centro de atención telefónica de Senasa para solicitar autorizaciones médicas utilizando información real de afiliados. De acuerdo con el Ministerio Público, esos afiliados no habrían solicitado ni recibido los servicios que posteriormente aparecían vinculados a sus datos.
El documento establece que las llamadas forman parte de las evidencias recopiladas por los investigadores y que los audios permitirían identificar la participación de los imputados en las gestiones realizadas ante el centro de llamadas.
Otro elemento señalado por el Ministerio Público es el supuesto uso de nombres ficticios durante esas comunicaciones. En el expediente aparecen nombres como Pedro Martínez, Ángel Beltré y Amauris Gutiérrez, que, según la acusación, habrían sido utilizados para ocultar la identidad de quienes realizaban las llamadas.
Uso de códigos médicos y datos de afiliados
El expediente también atribuye a Guzmán, su hermano y su esposa el uso de códigos reales de médicos para obtener autorizaciones. Según el Ministerio Público, esos códigos correspondían a profesionales que formarían parte del esquema investigado y que posteriormente recibirían pagos por procedimientos.
La acusación describe además otra modalidad: los datos personales de afiliados eran suministrados a médicos que, siempre según el Ministerio Público, elaboraban formularios de reclamaciones con diagnósticos y procedimientos que no habían sido solicitados ni realizados.
Esos documentos, sostiene la acusación, contenían información falsa y firmas que habrían sido falsificadas, con lo que se habría producido la suplantación de identidad de los afiliados para reclamar pagos a la ARS estatal.
La ruta del dinero
Uno de los aspectos que el Ministerio Público vincula directamente con Guzmán es la distribución del dinero generado mediante las reclamaciones.
Según la instrumentación, una vez la ARS realizaba los pagos a los médicos involucrados, estos entregaban entre el 40 % y el 60 % del monto cobrado a distintos integrantes de la estructura, entre ellos Guzmán Vásquez, su hermano y su esposa, además de otras personas mencionadas en el expediente.
La acusación afirma que esos pagos se realizaban en efectivo o mediante transferencias bancarias, algunas de ellas sin concepto o utilizando descripciones que, según los investigadores, buscaban aparentar operaciones legítimas.
Entre los conceptos citados en el expediente figuran expresiones como “pago a san de madre”, “San de tu madre” y “pago préstamo Ángel Luís Guzmán”.
Para el Ministerio Público, la forma en que se realizaron esas transferencias constituye un elemento que apunta a un intento de ocultar el origen de los recursos y dar apariencia de legalidad a las operaciones.
La relevancia de Guzmán Vásquez dentro del expediente está relacionada, según la acusación, con el acceso que tenía como empleado de Sensa a los procedimientos internos para gestionar autorizaciones con las que luego, supuestamente, drenaban a Senasa.
