De los nueve códigos legales que rigen República Dominicana, cuatro han sido sometidos a reforma, con el propósito de ser adecuados a los nuevos tiempos y a los avances tecnológicos.
Sin embargo, hasta la fecha solo uno, el Penal, ha logrado ser aprobado por el Congreso Nacional y promulgado por el Poder Ejecutivo.
El sistema jurídico de República Dominicana cuenta con nueve códigos principales, que incluyen el Civil, Procesal Civil, Penal, Procesal Penal, de Trabajo, de Comercio, Tributario y el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
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Los códigos en revisión incluyen el Código Procesal Penal, cuya reforma podría ser la próxima en ver la luz, tras haber sido aprobada reciente, en primera discusión, por el Senado de la República.
También está el Código de Trabajo, reintroducido luego de haber perimido en la legislatura pasada y en agenda para ser debatido en segunda discusión por la Cámara Alta.
De su lado, el Código Civil, uno de los más antiguos del sistema jurídico, continúa pululando por los pasillos del Congreso, objeto de estudio por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, pero sin mostrar avances concretos hacia su aprobación.
Desde su primer período de Gobierno, el presidente Luis Abinader manifestó la intención de impulsar una serie de reformas con las que busca dejar un legado de fortalecimiento democrático.
No obstante, a pesar de los esfuerzos, el avance de ha sido limitado dada la carga en la agenda legislativa que representa esta ola de reformas.
Sobre ese respecto, el abogado Jaime Terrero opinó que el verdadero problema no radica en la antigüedad de los códigos, sino, en la forma en que se están elaborando sus reformas, que en la mayoría de los casos, no responden a la realidad social, política, ni económica del país.
“El problema es que se están aprobando una serie de códigos que no obedecen a la realidad del país y lo vimos con la aplicación del Código Penal”, señaló Terrero.
En el caso de la reciente aprobación, en primera lectura, del Código Procesal Penal, Terrero calificó el proceso como “fruto de la improvisación”.
“A dos meses de perimir el plazo otorgado por el Tribunal Constitucional es que ellos están haciendo un invento procesal, sin asesorarse del Colegio de Abogados ni de quienes ejercen día a día en los tribunales”, aseveró.
Ahora resta esperar la conclusión de los debates y las reacciones.
