La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que el primer catastro penitenciario del país estará listo el próximo 30 de este mes. Se trata de una herramienta con la que el Ministerio Público busca identificar los mercados delictivos, sus beneficiarios, focos rojos y mapas de calor, para diseñar una política de persecución penal sustentada en datos y no limitada a la reacción frente a cada caso individual.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, explicó durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio que el Ministerio Público ha cambiado la forma de analizar la criminalidad, pasando de observar exclusivamente los expedientes particulares a estudiar los fenómenos y mercados criminales que existen detrás de ellos.
Como ejemplo citó los robos de teléfonos celulares, motocicletas y metales, bienes alrededor de los cuales operan mercados que, según explicó, deben ser identificados para determinar quienes se benefician de la actividad ilícita y dónde se concentran sus principales focos.
Ese levantamiento permitirá establecer mapas de calor y cruzar información para orientar las acciones de persecución y prevención. Reynoso señaló que el trabajo se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otras instituciones vinculadas a la seguridad, con el propósito de desarrollar planes que no sean meramente reactivos.
La magistrada recordó que corresponde constitucionalmente al Ministerio Público diseñar la política de persecución penal y sostuvo que disponer de información sistematizada sobre la criminalidad resulta fundamental para adoptar decisiones y políticas sustentadas en evidencia.
Conflictividad supera 70 %
El 70 % de los homicidios y de los casos de golpes y heridas registrados en los últimos dos meses en República Dominicana tiene su origen en la conflictividad social, una proporción que supera la media anual de entre 58 % y 60 %, reveló Reynoso.
La magistrada advirtió que detrás de buena parte de esos hechos violentos se encuentran conflictos cotidianos que escalan por la falta de una cultura de conciliación, diálogo y solución alterna de controversias. Como ejemplo citó un caso ocurrido la semana pasada en Santiago, donde una discusión por 50 pesos terminó con una persona muerta y otra herida. Situaciones por un parqueo o por música a alto volumen también pueden desembocar en peleas, lesiones e incluso homicidios.
Reynoso señaló la contaminación sónica como una de las variables que alimentan esa conflictividad.
Indicó que, solo en el Gran Santo Domingo, en lo que va de año se han generado 82,000 denuncias por ruido. De esa cantidad 27,000 corresponden a domingos.
A ese panorama sumó las 73,000 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y sexual recibidas en 2025 y aproximadamente 26,000 denuncias por amenazas de muerte. Afirmó que, al analizar conjuntamente esas variables, puede entenderse por qué la proporción de homicidios vinculados con conflictos sociales se ha elevado por encima del 70 %.
Frente a esa realidad, la procuradora propuso un pacto de Estado contra la violencia y la criminalidad que trascienda al Gobierno y al sector justicia e involucre al empresariado, partidos políticos, academia, centros educativos, medios de comunicación, juntas de vecinos, clubes deportivos, iglesias y ciudadanía.
“Hay que sentarse como país”, planteó al defender una respuesta que vaya más allá de intereses políticos o sectoriales.
A su juicio, la radiografía de la violencia requiere una mirada holística y de Estado, en la que también se incorpore la problemática del tránsito como parte de la seguridad.
La titular del Ministerio Público explicó que la institución trabaja en mediación y solución alterna de conflictos, especialmente mediante las fiscalías comunitarias, pero señaló que esos mecanismos intervienen cuando el conflicto ya ocurrió. Por ello consideró todavía más importante desarrollar una política transversal de prevención.
Explicó que la respuesta debe descansar en tres grandes vertientes: educación, prevención y activación de los mecanismos de mediación, solución alterna y persecución.
Sostuvo que la instalación de fiscalías comunitarias y centros integrales de acceso a la justicia forma parte de esa estrategia de proximidad.
Dijo que ya se han abierto centros en distintos puntos del país y aseguró que en los lugares donde funcionan ha bajado la criminalidad.
Al profundizar sobre la violencia contra la mujer, informó que el Ministerio Público registra 59 feminicidios en lo que va de año: 36 atribuidos a la pareja actual de la víctima y 18 a exparejas. En 25 casos se utilizaron armas blancas y en 19 armas de fuego.
Agregó que 56 de las víctimas eran dominicanas y tres extranjeras y que, preliminarmente, 77 niños, niñas y adolescentes quedaron afectados directamente al perder a su madre y, en algunos casos, también a su padre, debido a que 15 de los agresores se suicidaron después del hecho.
La procuradora llamó la atención sobre la distribución territorial de los feminicidios.
Explicó que varias provincias del Sur registran pocos o ningún caso, mientras el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y provincias del Este presentan mayor incidencia.
Dijo que la PGR estudia ese comportamiento, observado durante una década y evitó adelantar explicaciones sin evidencia.
