El Gobierno sometió al Congreso una modificación del Presupuesto General del Estado para 2026. El proyecto aumenta los ingresos en RD$40,978 millones y los gastos exactamente en la misma cantidad. El déficit financiero permanece en RD$280,575 millones. La decisión es clara. Cada peso adicional que ingresará al Estado será destinado a aumentar el gasto, no a fortalecer las finanzas públicas.
La modificación presupuestaria revela una concepción de la política fiscal. Cuando el Estado recauda más de lo previsto dispone de una oportunidad para reducir el déficit, disminuir el endeudamiento o crear reservas frente a futuras contingencias. Ninguna de esas opciones fue escogida. El gasto volvió a ocupar el primer lugar.
La situación adquiere mayor relevancia porque el proyecto también autoriza utilizar RD$21,147 millones de disponibilidades acumuladas del ejercicio 2025 para financiar gastos de 2026. Sumados a los nuevos ingresos, el Gobierno dispondrá de más de RD$62,000 millones adicionales. Ese monto habría permitido mejorar la posición fiscal del país y reducir la presión sobre la deuda. Se prefirió ampliar el gasto.
Existe, además, una contradicción difícil de explicar. El Gobierno promovió la aprobación de nuevos impuestos con el argumento de fortalecer las finanzas públicas y preservar la estabilidad fiscal. Sin embargo, la primera modificación presupuestaria posterior a esa reforma destina la totalidad de los ingresos adicionales a expandir el gasto. El ajuste no mejora la posición fiscal del Estado.
El destino de esos recursos tampoco ofrece la transparencia necesaria. De los RD$40,978 millones incorporados al presupuesto, RD$20,500 millones se concentran en la partida denominada Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional. El proyecto no identifica con precisión los programas que serán financiados, los beneficiarios de esos recursos ni los resultados que deberán alcanzarse. El Congreso no debería aprobar una asignación de esa magnitud sin conocer su destino específico.
El proyecto también reduce apropiaciones vinculadas a la Administración de la Deuda Pública y reclasifica RD$2,000 millones del Ministerio de Educación, trasladándolos del renglón de gastos al de aplicaciones financieras. Ambas decisiones requieren una explicación técnica detallada. El Congreso debe determinar si estas modificaciones afectan la transparencia del presupuesto, el gasto educativo efectivo o la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Un presupuesto no consiste únicamente en distribuir recursos. Define prioridades, revela la calidad del manejo fiscal y refleja el compromiso de un gobierno con la disciplina financiera.
El Congreso debe exigir respuestas antes de aprobarla. Debe conocer el destino de cada partida, los criterios utilizados para las reasignaciones, el impacto sobre la deuda pública y las razones por las cuales el espacio fiscal generado por mayores ingresos y disponibilidades acumuladas no fue utilizado para reducir el déficit. Aprobarla sin esa información significaría renunciar a una de sus principales funciones constitucionales de control.
