Cierre los ojos un momento. Ahora, imagine 74 personas muertas. ¿Son muchas, verdad? Una masacre. Pues ese es el número de mujeres que, según la Fundación Vida Sin Violencia, han sido víctimas de feminicidios en lo que va de año en República Dominicana.
¿Cómo es posible que estas cifras no escandalicen lo suficiente a nuestra sociedad? ¿Y cómo es posible que no aprovechemos cada oportunidad que tenemos para contribuir a evitar estas muertes?
Por ejemplo, ahora tenemos una oportunidad de oro. El Ministerio de la Mujer presentó ante el Congreso Nacional el proyecto de Ley Mirabal, una iniciativa que busca fortalecer la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Sin embargo, esta no es la primera vez que se intenta aprobar una legislación de esta naturaleza. Podríamos decir que esta ley está a punto de cumplir sus quince años. Desde 2012, el Congreso Nacional viene conociendo diferentes propuestas sobre esta problemática, pero, vergonzosamente, ninguna ha logrado convertirse en una ley integral.
Entre 2012 y 2025 se depositaron 17 iniciativas de ley integral, de las cuales 13 terminaron perimiendo.
En 2012, el senador Félix Bautista presentó un proyecto que fue aprobado por el Senado y remitido a la Cámara de Diputados en 2013. La iniciativa volvió a presentarse en 2014, 2015 y 2016. En 2017, el Senado aprobó otra versión y en 2018 se retomó la discusión. En 2020 hubo otro intento, mientras que en 2022 y 2023 se presentaron nuevas propuestas que tampoco prosperaron.
Pero la historia no terminó ahí. En octubre de 2025, la diputada Kinsberly Taveras encabezó la presentación de la reforma integral «Déjala Ir», que reunió 18 iniciativas legislativas respaldadas por legisladoras de diferentes partidos. Sin embargo, ninguna había sido aprobada al acercarse el cierre de la legislatura de julio de 2026.
Ahora llega la Ley Mirabal, que integra propuestas anteriores y plantea una respuesta más coordinada frente a la violencia contra las mujeres.
Y no se trata de cualquier proyecto. Entre sus novedades contempla evaluar el riesgo de las víctimas y elaborar planes de seguridad en 72 horas, fortalecer las órdenes de protección y sancionar a los funcionarios que se nieguen a recibir denuncias.
También aborda la violencia digital, incluida la ejercida mediante inteligencia artificial; la violencia política, la violencia vicaria y la protección de los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio. Además, contempla casas de acogida y programas de apoyo económico para las sobrevivientes.
No obstante, hay algo que considero fundamental: propone revisar qué falló en la respuesta institucional cada vez que ocurre un feminicidio.
Porque cuando una mujer denuncia, pide protección y termina asesinada, no basta con perseguir al feminicida. También hay que preguntarse qué hicieron, o dejaron de hacer, las instituciones llamadas a protegerla.
Han pasado gobiernos, legislaturas y decenas de congresistas, pero la deuda sigue pendiente. Y creo que ha llegado la hora de saldarla.
Veo aquí una oportunidad de oro para las actuales autoridades y, particularmente, para el partido oficialista, que cuenta con mayoría en el Congreso Nacional.
El presidente Luis Abinader ha demostrado capacidad para impulsar iniciativas legislativas. Ahí está la reforma constitucional de 2024, con la que promovió lo que denominó un candado a la reelección presidencial. También hemos visto la aprobación de préstamos sometidos por el Poder Ejecutivo.
Entonces, ¿por qué no utilizar esa misma capacidad de articulación política para impulsar una legislación que lleva 14 años esperando?
Me resultó interesante ver cómo la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, presentó esta propuesta acompañada de legisladoras.
La iniciativa lleva, además, el apellido de las hermanas Mirabal, cuyo asesinato inspiró la conmemoración mundial del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Y hay otro aspecto que merece destacarse: el poder de las alianzas entre mujeres. Muchos de los avances que hoy tenemos han sido posibles gracias a activistas como Magaly Pineda y legisladoras como Milagros Ortiz Bosch, que entendieron que había causas por encima de las diferencias partidarias.
Por supuesto, aprobar una ley no acabará automáticamente con los feminicidios. Se necesitarán presupuesto, instituciones que funcionen y voluntad para hacerla cumplir. Pero sería un paso importante.
Ojalá que el presidente Luis Abinader se case con la gloria e impulse su aprobación cuanto antes. Tiene la oportunidad de utilizar su liderazgo para lograr lo que otros gobiernos no consiguieron.
Porque proteger la vida de las mujeres no es un favor ni una concesión política. Es una obligación del Estado.
¡Cásese con la gloria, señor presidente! Use su liderazgo a favor de la Ley Mirabal, que es lo mismo que decir a favor de las mujeres dominicanas.
