La ola de violencia que sacude a nuestra sociedad es un fenómeno de causas multifactoriales cuyo combate corresponde al Estado como garante de la vida y seguridad de los ciudadanos. El presidente de la República, Luis Abinader en su condición de jefe de gobierno y comandante de los cuerpos armados del país, tiene la responsabilidad de enfrentar un fenómeno que, si dejamos siga creciendo, puede destruirnos como nación.
Algunos comentaristas y opositores políticos han criticado la firmeza con que el primer mandatario se ha referido a la situación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta una manifestación de protesta realizó esta semana frente al Palacio Nacional por lo que califica de ejecuciones extrajudiciales la caída, en septiembre, de más de 40 individuos calificados por la Policía como delincuentes prófugos, con varios expedientes criminales.
La situación es penosa por la cantidad de jóvenes descarriados que pierden la vida en manos de la policía, pero hay que entender que, independientemente de las causas sociales que originan la delincuencia, el gobierno tiene la responsabilidad de proteger la vida, seguridad de la población y la imagen del país frente al turismo, sostén importante de una economía que pese a los factores externos que afectan al mundo, sigue en crecimiento.
