Hay noticias que deberían perseguirnos más tiempo del que duran en los titulares.
La muerte de un niño debería ser una de ellas.
Sin embargo, en República Dominicana hemos llegado a un punto preocupante: nos estremecemos durante unos días, compartimos mensajes de indignación, exigimos respuestas y luego seguimos adelante, mientras las causas que hicieron posible la tragedia permanecen intactas.
La desaparición y muerte de niños que han conmocionado a la opinión pública en los últimos meses, nos obliga a hacernos una pregunta incómoda: ¿Estamos haciendo lo suficiente para proteger a nuestra niñez o simplemente reaccionamos cuando ya es demasiado tarde?
En las últimas semanas hemos conocido varios casos de niños fallecidos en circunstancias vinculadas a la violencia, el descuido o la negligencia. Cada historia tiene sus particularidades y merece ser investigada con rigor. Pero todas parecen apuntar hacia una misma realidad incómoda: seguimos fallando en nuestra obligación más elemental, que es proteger a nuestros niños.
Con demasiada frecuencia analizamos estas tragedias como hechos aislados. Buscamos un responsable individual, señalamos un error puntual y cerramos el caso. Sin embargo, detrás de muchos episodios de violencia, abandono o negligencia infantil suele existir algo más preocupante: una cultura que durante demasiado tiempo ha minimizado las señales de alerta.
Nos hemos acostumbrado a escuchar que un niño pasa largas horas sin supervisión, que un menor presenta cambios bruscos de comportamiento o que vive rodeado de violencia. Y muchas veces reaccionamos con indiferencia porque consideramos que se trata de asuntos privados.
La violencia contra la niñez rara vez aparece de la nada. Con frecuencia es el resultado de factores sociales, familiares, culturales e institucionales que se acumulan durante años.
Existen hogares donde el abandono emocional pasa inadvertido porque no deja marcas visibles. Comunidades sin espacios seguros para la niñez e instituciones públicas que muchas veces llegan tarde o carecen de los recursos necesarios para intervenir antes de que ocurra una tragedia.
A todo esto se suma una cultura que durante décadas ha minimizado ciertas formas de violencia contra la niñez. Todavía persiste la idea de que el miedo es una herramienta válida para educar y que ciertas formas de maltrato forman parte natural de la crianza. La defensa de la pela es apenas una de sus expresiones más visibles.
Los niños, niñas y adolescentes representan cerca de un tercio de la población dominicana. Sin embargo, todavía tenemos dificultades para reconocerlos como personas con derechos plenos.
Por eso resulta tan peligroso, cuando un niño es violentado o asesinado, reducir el debate únicamente a lo que ocurrió el día de la tragedia. Si queremos proteger verdaderamente a nuestros niños, debemos mirar más allá de los titulares y preguntarnos qué está pasando en los hogares, las escuelas, las comunidades y las instituciones llamadas a garantizar sus derechos.
La Constitución dominicana establece que la familia, la sociedad y el Estado comparten la responsabilidad de proteger a la niñez. Cuando un niño es víctima de violencia, abuso, abandono o negligencia, todos hemos fallado en alguna medida.
Si queremos romper este ciclo, no basta con indignarnos cada vez que ocurre una tragedia. Necesitamos fortalecer los sistemas de protección infantil, apoyar a las familias y promover una cultura de buen trato.
Quizás el problema no sea que en República Dominicana haya niños víctimas de violencia.
Quizás el verdadero problema sea que todavía hay demasiados adultos que no consideran violencia aquello que les hacemos a los niños.
Porque una sociedad no se define por cómo trata a sus ciudadanos más fuertes, sino por cómo protege a quienes no tienen ninguna forma de defenderse.
La infancia dominicana no necesita más minutos de silencio después de cada tragedia. Necesita que la tratemos como lo que realmente es: una emergencia nacional.
