Durante su reciente almuerzo en el Grupo de Comunicaciones Corripio, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, se refirió a la Evaluación de Desempeño Docente 2025. Por razones comprensibles, buena parte de la conversación sobre el tema giró en torno a la capacidad del Ministerio para realizar los ajustes salariales acordados con la ADP en función de los resultados. Sin embargo, conviene recordar que la evaluación docente no es esencialmente un mecanismo para determinar incentivos, sino un instrumento para mejorar la calidad de la enseñanza.
La lógica de fondo es que un proceso de mejora educativa empieza por saber cómo están enseñando los maestros e identificar dónde necesitan apoyo. La experiencia anterior, en 2017, dejó resultados que no tuvieron el seguimiento esperado. Se evaluaron alrededor de 60,000 docentes; de ellos, 38.1% obtuvo una valoración insuficiente. Esos resultados reclamaban programas de acompañamiento y desarrollo profesional que, según documentos oficiales, no llegaron a articularse. La evaluación debía repetirse tres años después, en 2020, pero no se hizo entonces ni durante los años siguientes. El anterior ministro, Ángel Hernández, tiene el mérito de haber retomado una tarea largamente postergada, y el ministro actual, el de haberla llevado finalmente a término, tras la evaluación de más de cien mil docentes.
Con esos antecedentes, sería lamentable que todo terminara reducido a una discusión sobre dinero. Los compromisos salariales deben cumplirse, pero el mayor reto es educativo. Los resultados deberían permitir identificar las principales fortalezas y debilidades del cuerpo docente y, a partir de ese diagnóstico, definir acciones concretas de formación y acompañamiento. El proceso cobrará verdadero sentido cuando la información obtenida se utilice para mejorar la enseñanza. Tenemos ahora una oportunidad que no debería desperdiciarse, y ojalá no se requieran diez años para la siguiente evaluación.
