Latinobarómetro es un reconocido estudio de opinión pública que se realiza anualmente en 18 países de América Latina por la Corporación Latinobarómetro, una ONG sin fines de lucro, con sede en Santiago de Chile, fundada y dirigida por la destacada especialista Marta Lagos.
Sus encuestas constituyen una herramienta fundamental para conocer, entre otros aspectos, el respaldo ciudadano a la democracia frente a opciones autoritarias o populistas. Sus indicadores permiten examinar la satisfacción con los gobiernos, la confianza en instituciones como el Congreso, los partidos políticos y la Policía, así como la creciente indiferencia ante la naturaleza del régimen político.
Los resultados de Latinobarómetro 2026, dados a conocer el pasado 2 de octubre, ofrecen importantes lecciones sobre el estado de la democracia latinoamericana. En el caso particular de República Dominicana, permiten extraer conclusiones políticas especialmente relevantes acerca de las percepciones y preocupaciones de la ciudadanía.
Considero que el hallazgo más inquietante, y el que merece mayor atención, es la disposición a aceptar alternativas no democráticas. El 61% de los dominicanos afirma que no le importaría la llegada de un gobierno no democrático si resolviera los problemas nacionales, nueve puntos por encima del promedio latinoamericano. Además, el respaldo a la democracia se situó en 47%, ocho puntos porcentuales menos que en 2024, mientras el 69% considera que «un poco de mano dura no viene mal».
Esto no significa que el 61% de los dominicanos desee una dictadura. Revela algo distinto, pero igualmente preocupante: para una proporción considerable de la población, la eficacia gubernamental podría terminar pesando más que el carácter democrático del régimen.
Tampoco permiten estos resultados concluir que República Dominicana se encamine inevitablemente hacia el autoritarismo. De hecho, el 70% continúa considerando indispensables las elecciones. Sin embargo, ponen de manifiesto una tensión entre el reconocimiento de los procedimientos democráticos y la exigencia de soluciones concretas a los problemas cotidianos.
Hay más. Otros indicadores evidencian la magnitud de la desconfianza institucional: apenas el 35% expresa confianza en el presidente de la República; el 30%, en el Congreso; el 28%, en el Gobierno y el Poder Judicial; el 24%, en la Policía Nacional; el 44%, en la institución electoral, y solamente el 20%, en los partidos políticos.
Estos porcentajes describen un problema que trasciende la valoración de un presidente o una administración. La desconfianza alcanza a las instituciones encargadas de organizar, representar y ejercer el poder político. No está concentrada en una sola entidad: comprende al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial y a las organizaciones partidarias.
Esta situación exige examinar no solo la actuación de quienes gobiernan, sino también la responsabilidad de quienes ejercen la oposición y de quienes administran las instituciones públicas democráticas del país.
Esta interpretación se refuerza con otros resultados: el 68% de los dominicanos no se siente representado por el Congreso; el 76% desconfía de que los impuestos sean utilizados correctamente, y apenas el 30% considera que el país avanza en la dirección adecuada.
En conjunto, estas respuestas sugieren una distancia considerable entre las expectativas ciudadanas y la capacidad que la población atribuye a las instituciones para atenderlas y satisfacerlas.
Que el apoyo a la democracia como régimen preferible haya descendido por debajo del 50%; que el 61% acepte hipotéticamente un gobierno no democrático si resuelve los problemas; que el 69% favorezca cierta «mano dura»; que el 68% no se sienta representado por el Congreso; que el 76% desconfíe del destino de sus impuestos; que el 81% perciba un gran poder del crimen organizado, y que apenas el 30% crea que el país marcha en la dirección correcta constituyen señales que merecen una reflexión profunda sobre la vulnerabilidad democrática.
¿Cuál es, entonces, el mensaje de Latinobarómetro 2026? La ciudadanía dominicana está expresando una desconfianza que ninguna organización política debería ignorar. La legitimidad que otorgan las urnas debe complementarse con aquella que nace del buen gobierno, la honestidad, el respeto a la ley y la solución de los problemas sociales. Cuando los ciudadanos pierden confianza en sus representantes, no solo se deteriora la relación entre gobernantes y gobernados: también puede debilitarse su compromiso con las instituciones democráticas. Recuperar esa confianza constituye, por tanto, uno de los grandes desafíos de la democracia dominicana y una responsabilidad ineludible de toda su clase política.
Juan Temístocles Montás
