Antes de iniciar esta reflexión, es sabio aclarar que este diálogo “imaginario” está construido a partir de una propuesta real presentada por el diputado Elías Wessin Chávez, titulada «Cinco pasos para resolver el conflicto migratorio con Haití», y toma sus planteamientos como punto de partida para desarrollar una reflexión personal sobre la política migratoria dominicana. Agradezco al diputado Elías Wessin Chávez por compartir la información que ha servido de base para este ejercicio de análisis y reflexión. Ahora sí, iniciemos el diálogo imaginario.
Samuel Luna: Diputado Wessin, he leído su propuesta de cinco pasos para resolver el conflicto migratorio con Haití, fundamentada en el Pacto por la Nación de 2023. Considero que es un planteamiento importante. Sin embargo, quisiera preguntarle algo: ¿realmente República Dominicana carece de propuestas para enfrentar este problema o lo que ha faltado es voluntad política para ejecutarlas?
Elías Wessin Chávez: Tenemos instrumentos legales y acuerdos nacionales. El problema es convertirlos en una política de Estado, con continuidad, responsabilidades institucionales y mecanismos de evaluación.
Samuel Luna: Entonces, ¿no estamos frente a una crisis migratoria que también revela una profunda crisis de institucionalidad? Porque resulta contradictorio que tengamos leyes, organismos de seguridad, controles fronterizos y acuerdos nacionales, pero sigamos permitiendo que la inmigración irregular encuentre espacios para reproducirse.
Elías Wessin Chávez: Precisamente por eso propongo fortalecer la frontera, modernizar los controles y aplicar la legislación migratoria.
Samuel Luna: Estoy de acuerdo, pero quiero introducir un elemento que considero indispensable: el empresariado. No podemos hablar de controlar la inmigración irregular sin examinar a quienes la convierten en un negocio. Hay sectores económicos que se benefician de una mano de obra vulnerable, barata y, en ocasiones, desprovista de protección laboral. ¿Por qué el Estado concentra sus esfuerzos en perseguir al inmigrante irregular y no demuestra la misma determinación para investigar a quienes lo contratan?
Elías Wessin Chávez: El ordenamiento del mercado laboral debe ser parte de la solución. La ley tiene que aplicarse a todos.
Samuel Luna: Exactamente. La soberanía no puede tener excepciones para quienes tienen dinero o influencia política.
Pero hay otra contradicción: hablamos de defender la frontera mientras nuestras provincias fronterizas continúan esperando oportunidades de desarrollo. ¿Cómo podemos exigirles a esas comunidades que sean la primera línea de defensa nacional si el propio Estado no les garantiza condiciones dignas de vida?
Elías Wessin Chávez: El desarrollo fronterizo debe acompañar necesariamente la política de seguridad.
Samuel Luna: Y agregaría algo más: necesitamos una diplomacia que exija responsabilidades a la comunidad internacional, pero también un Gobierno que rinda cuentas a los dominicanos. No basta con anunciar deportaciones, construir muros o celebrar reuniones internacionales. Necesitamos resultados concretos, verificables y medibles.
Samuel Luna: Gracias, Elías Wessin Chávez, por aportar esas propuestas y dialogar conmigo para generar más luz a una realidad insoslayable.
Samuel Luna: Elías, ¿le gustaría aportar algo más?
Elías Wessin Chávez: Sí, me gustaría cerrar expresando que el problema dominicano no es solamente la presión migratoria haitiana; también es la debilidad de un Estado que muchas veces conoce sus obligaciones, pero carece de la determinación necesaria para hacerlas cumplir. Por eso, propongo al Gobierno cinco decisiones:
Aplicar la ley sin privilegios: investigar y sancionar a funcionarios, empresarios e intermediarios que faciliten la inmigración irregular. La responsabilidad debe alcanzar tanto a quienes ingresan ilegalmente como a quienes promueven y se benefician de esa irregularidad.
Convertir la frontera en una prioridad nacional: invertir en hospitales, escuelas, empleos, infraestructura y desarrollo productivo en las provincias fronterizas. La seguridad nacional también se construye garantizando oportunidades y condiciones dignas a quienes viven en esas comunidades.
Reformar el sistema laboral: proteger al trabajador dominicano, regular la contratación de mano de obra extranjera y eliminar los incentivos económicos que alimentan la inmigración irregular y la explotación laboral.
Institucionalizar la transparencia: publicar resultados, presupuestos, responsables e indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de la política migratoria. La ciudadanía tiene derecho a saber qué se está haciendo, cuánto cuesta y cuáles son sus resultados.
Construir un verdadero consenso nacional: ejecutar el Pacto de 2023 con participación política, empresarial y social, evitando que el tema migratorio se convierta en una herramienta electoral o en un recurso de conveniencia partidaria.
Como escritor, siendo objetivo y sin inclinación política, quiero reconocer el valor de la propuesta presentada por Elías Wessin Chávez. Su planteamiento merece discusión, seguimiento y, sobre todo, voluntad para llevarlo a la práctica. Sin embargo, considero que debemos ir más allá de la seguridad fronteriza y preguntarnos qué tipo de Estado estamos construyendo.
No podemos exigirle a Haití que resuelva sus problemas mientras nosotros toleramos la corrupción, la impunidad, el clientelismo y las desigualdades que debilitan nuestras propias instituciones.
La soberanía se defiende en la frontera, pero también se defiende cuando el Estado se niega a ponerse al servicio de intereses particulares.
República Dominicana no necesita solamente una política migratoria más estricta. Necesita un Estado más íntegro, más justo y más comprometido con su pueblo.
Porque, al final, la pregunta no es solamente quién entra a nuestro territorio, sino también para quién trabaja el Estado dominicano: ¿para los intereses de unos pocos o para el bienestar de toda la nación?
