El reinicio de la discusión de la reforma al Código de Trabajo en la Cámara de Diputados vuelve a colocar sobre la mesa uno de los debates más sensibles del mercado laboral dominicano: la cesantía.
Durante años se ha intentado presentar la cesantía como uno de los principales obstáculos para la generación de empleos formales y para la competitividad empresarial. Se le ha denominado «costo oculto», «carga excesiva» o incluso una barrera para la inversión. Sin embargo, una revisión objetiva de la realidad laboral dominicana no permite sostener tales afirmaciones de manera concluyente.
La cesantía no es un privilegio. Es una garantía social construida sobre el reconocimiento de que el trabajador es la parte más vulnerable de la relación laboral y que, ante una terminación unilateral del contrato sin causa atribuible a este, merece una compensación que le permita afrontar el período de transición hacia una nueva oportunidad de empleo.
Desde la perspectiva constitucional, el debate tampoco puede abordarse únicamente desde criterios económicos. La Constitución dominicana reconoce el trabajo como un derecho fundamental y consagra el principio de progresividad de los derechos sociales, conforme a los artículos 62 y 74.2 de la Constitución de la República, que obligan al Estado a promover la protección progresiva de los derechos económicos y sociales. Esto implica que los niveles de protección alcanzados por los trabajadores no deben ser reducidos de manera arbitraria ni regresiva.
La progresividad no significa que las leyes laborales sean inmodificables. Significa que cualquier reforma debe procurar ampliar, fortalecer o mejorar la protección de los derechos existentes, y no debilitarlos sin una justificación constitucionalmente válida y proporcional. Por ello, cualquier propuesta orientada a limitar o desmontar la cesantía debe superar un riguroso análisis de razonabilidad y demostrar que la medida genera beneficios sociales superiores a los derechos que pretende restringir.
En ese sentido, considero acertada la decisión de mantener intacta la figura de la cesantía dentro del proyecto de reforma que actualmente estudia el Congreso Nacional.
No comparto la tesis de que la cesantía sea responsable de la informalidad laboral que afecta al país. La República Dominicana ha mantenido históricamente niveles elevados de informalidad incluso bajo distintos escenarios económicos, fiscales y regulatorios. Las causas de este fenómeno son mucho más complejas y están vinculadas a factores como la baja productividad de algunos sectores, las limitaciones de acceso al financiamiento, la estructura empresarial predominante y, en muchos casos, una insuficiente cultura de cumplimiento de las obligaciones laborales.
La realidad demuestra que las empresas organizadas y comprometidas con el cumplimiento normativo incorporan la cesantía dentro de su planificación financiera como cualquier otra obligación derivada de la gestión empresarial. No constituye un costo oculto; constituye una responsabilidad legal conocida, previsible y calculable. La discusión no debería centrarse en eliminar derechos, sino en fortalecer una cultura empresarial basada en el cumplimiento de las obligaciones que la ley establece para todos los actores del mercado laboral.
La cesantía tampoco debe analizarse únicamente desde la óptica empresarial. Estos recursos constituyen, en muchos casos, el único respaldo económico con que cuenta una familia cuando pierde su principal fuente de ingresos. Lejos de representar una distorsión del mercado, funciona como un mecanismo de estabilidad social que contribuye a sostener el consumo y amortiguar los efectos económicos del desempleo.
Resulta preocupante que en ocasiones se presente el respeto de los derechos laborales como un obstáculo para el crecimiento económico. La experiencia internacional demuestra precisamente lo contrario: los mercados laborales más sólidos suelen ser aquellos donde existe mayor seguridad jurídica, reglas claras y mecanismos efectivos de protección para trabajadores y empleadores.
La discusión actual debe ir más allá de la cesantía. El país necesita avanzar en la modernización de los procedimientos laborales, fortalecer la conciliación, agilizar los procesos judiciales, incorporar adecuadamente las nuevas modalidades de trabajo y promover mayores niveles de formalización. Es allí donde se encuentran algunos de los verdaderos desafíos del mercado laboral contemporáneo.
Por eso, hago un llamado a los diputados de la República Dominicana para que durante el conocimiento de esta reforma recuerden que la modernización legislativa no puede construirse sobre la reducción de derechos sociales. Modernizar no significa reducir derechos. Actualizar una legislación no implica desmontar las garantías que han servido de protección a miles de trabajadores dominicanos durante décadas.
La cesantía no debe verse como una carga que limita el desarrollo, sino como una expresión concreta de justicia social dentro de una relación jurídica que, por naturaleza, requiere mecanismos de equilibrio.
Los diputados tienen hoy la responsabilidad histórica de demostrar que la modernización del mercado laboral dominicano puede lograrse sin sacrificar derechos conquistados. La verdadera reforma no es la que reduce garantías, sino la que crea mejores condiciones para producir, invertir y trabajar con dignidad.
El desafío no consiste en disminuir derechos para generar empleo, sino en construir una economía capaz de generar más oportunidades respetando plenamente la dignidad de quienes trabajan.
La cesantía no es el problema. El verdadero desafío sigue siendo construir una economía más productiva, más formal y más comprometida con la dignidad del trabajo.
Porque el desarrollo económico y la protección de los derechos laborales no son objetivos incompatibles; son, precisamente, las dos caras de una misma aspiración de progreso.
