Los crímenes perpetrados contra mujeres por parejas y exparejas son cotidianos y “normalizados”.
El país no se paraliza por estas muertes (independientemente de la magnitud del fenómeno), la vida de la población infantil y adolescente que ve a su padre o a la pareja de su madre matarla, cambia por completo. Su estructura de protección y cuidado se desvanece, pasa a la incertidumbre y el dolor. Los rostros de la población infantil y adolescente huérfana de feminicidios (Vargas/Fundación Vida sin Violencia, 2023) así lo muestra.
Los feminicidios tienen un gran impacto psicosocial y económico en la población infantil y adolescente desde: orfandad, exclusión social, revictimización en círculos de violencia, problemas de salud mental, incremento de la pobreza y situaciones de riesgo.
La vivencia de la violencia de género en la vida y muerte de sus madres deja marcas imborrables con efectos de revictimización desde: bullying, discriminación, exclusión y violencia en centros educativos, comunidades y familias acogedoras.
En varios casos esta población infantil y adolescente fue alertada por sus madres de la amenaza de muerte que le perseguía, acompañada con indicaciones de cuidado y acogida para hermanas y hermanos mayores, hacia el resto de los/las menores que así lo asumieron. Se genera así (en algunos casos) un modelo familiar con relaciones internas mediadas por la hermandad distinto a las estructuras clásicas y modelos tutelares reconocidos socialmente.
Las expresiones de preferencia de vivir “solos/solas” o entre “hermanos/hermanas” en los relatos se sustentan en varios casos en la necesidad de continuar conectados con el imaginario del modelo de maternidad y paternidad ejemplar, independientemente de la relación conyugal violenta y el crimen.
Las familias acogedoras estructuradas desde relaciones de hermandad no cuentan con el reconocimiento tutelar de las instituciones del Estado responsable de los programas sociales y no reciben sus beneficios ni asistencia. El apego a modelos clásicos de familia en los programas sociales afecta su respaldo ante la diversidad y complejidad de las estructuras familiares existentes en la realidad social con especial atención a los grupos más vulnerables.
La prevención de los feminicidios en el país debe ser una prioridad con la promoción de cambios de comportamientos colectivos de una masculinidad violenta hacia una masculinidad horizontal sostenida en la equidad de género. Intervenir desde políticas públicas en disminuir la violencia de género supone crear estructuras y programas dirigidos a eliminar la desigualdad al interior de las familias favoreciendo un clima de reconocimiento de derechos en su interior, de relaciones de respeto y horizontales.
Los programas sociales deben incluir como familias vulnerables aquellas formadas por niñez y adolescencia huérfana de feminicidios desde la protección e inclusión social.
