Tras superar el lastre institucional que por décadas arrastraba la justicia y debilitaba la confianza ciudadana en el sistema, el Poder Judicial dominicano consolidó entre 2019 y 2026 un proceso de transformación estructural que hoy arroja resultados tangibles.
Así lo muestra el Informe de Desempeño 2019-2026, presentado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), al término del período de siete años para el cual fue elegido por el organismo.
El documento resume una reingeniería estructural en el sistema de justicia del país, fundamentada en tres ejes principales: 0% mora, 100% acceso y 100% transparencia.
Detalla cómo un sistema tradicionalmente caracterizado por la lentitud de la burocracia presencial y una percepción desfavorable en la ciudadanía ha logrado colocarse a la vanguardia regional, respaldado por hitos normativos, tecnológicos y de gestión territorial.
Mora/justicia oportuna
Uno de los datos más impresionantes que arroja el balance de la gestión del magistrado Molina es la reducción en los tiempos de respuesta de la SCJ.
El informe detalla que el tiempo promedio de tramitación del recurso de casación cayó drásticamente de 707 a tan solo 27 días, permitiendo además que la Suprema Corte de Justicia resuelva el 90% de sus casos en un año o menos.
En el ámbito penal, un 80% de los expedientes logra decidirse en un período de tres meses, terminando los antiguos márgenes de demora.
A nivel nacional, de acuerdo con el informe de Molina, el impacto ha sido profundo: el 86% de los tribunales y salas del país operan sin mora judicial al cierre del período evaluado, destacándose los departamentos judiciales de San Juan de la Maguana y Barahona, con un 100% de cumplimiento.
Resalta que este avance ha estado acompañado por la implementación del Sistema de Gestión de Casos (SGC) en la totalidad de los tribunales, la simplificación de los trámites y una mayor articulación con el Ministerio Público y la Defensa Pública para promover mecanismos de resolución de conflictos, los cuales han dinamizado la solución temprana en materia penal.
Modernización tecnológica
La revolución tecnológica implementada en este período ha transformado la experiencia de los usuarios frente al sistema de justicia, al que puede tener acceso con solo un “clic”. La puesta en marcha del Portal de Acceso Digital (www.justicia.gog,do) ha permitido que más de 45,000 usuarios registrados gestionen expedientes, consulten estados de casos y participen en audiencias virtuales sin necesidad de desplazamientos físicos, concentrando el 42% de los trámites nacionales.
Tramitación digital
Señala el informe que en el ámbito penal la tramitación digital se incrementó de un 5% a un 24%, superando con creces la meta institucional fijada en un 15% y vinculando a más de un millar de fiscales a la plataforma. A esto se suma el uso masivo de la firma digital, con más de 3,000,000 de documentos procesados, y la introducción de herramientas de Inteligencia Artificial como el asistente virtual LEIA, que optimizan la atención y el flujo operativo.
Excelencia académica
El impacto del proceso de reforma abarca también áreas como el Registro Inmobiliario, pilar fundamental para la seguridad jurídica y la inversión en el país. Durante el período de gestión señalado se impulsó una transformación normativa y tecnológica que redujo los tiempos de respuesta, agilizó la emisión de certificados de títulos mediante la interoperabilidad institucional y garantizó mayor transparencia en los procesos catastrales y registrales.
Paralelamente, la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) se afianzó como un referente regional en la formación continua de jueces, defensores públicos, empleados administrativos y la comunidad jurídica en general. A través de programas innovadores, la digitalización de su oferta formativa y la creación de herramientas como base de conocimiento de la “Juristeca”, la ENJ ha garantizado que la carrera judicial evolucione a la par de las exigencias tecnológicas y éticas del siglo XXI.
Transparencia institucional
En materia de rendición de cuentas, el Poder Judicial alcanzó la máxima puntuación (100%) en el índice de Transparencia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), partiendo de un atraso inicial de 41% en 2019. Igualmente, se institucionalizó la presentación de informes anuales de desempeño de los jueces de la SCJ ante el CNM y se adoptó un riguroso Código de Comportamiento Ético de estándares internacionales.
Estos cambios estructurales han tenido un eco directo en las evaluaciones internacionales conforme al Índice de Estado de derecho del World Justicia Project (WJP) donde República Dominicana escaló 20 posiciones entre 2019 y 2026, destacándose a nivel global por sus avances en integridad y acceso a la justicia.
Al mismo tiempo los índices de confianza ciudadana medidos por Latinobarómetro muestran una duplicación en la credibilidad del sistema.
Avances
“Mi paso termina aquí”
Para hoy a las 11:00 de la mañana está prevista la reunión del CNM para la deliberación
y selección de los siete miembros faltantes de la SCJ a ser sustituidos.
