No es un sueño sino un ideal hacia el cual avanza el país –con lentitud, ciertamente- para que la privación de libertad genere verdaderos cambios de comportamientos en quienes guardan prisión en República Dominicana en el marco de una Reforma Carcelaria que comenzó de cero y ha tenido que vencer obstáculos y esquemas que determinaban que en toda su extensión se tratara de atrasados almacenes de hombres y mujeres puestos a saldar con crueldad sus supuestas deudas con la sociedad. Ahora hay excepciones alentadoras aunque el proceso reformador excluye todavía demasiados encierros de condiciones que evocan mazmorras oscuras, insalubres y punitivas de un horrible pasado de la humanidad. Se necesita que el llamado Nuevo Modelo, que marcó el inicio de esfuerzos por generalizar un trato civilizado a todo el que fuera puesto tras rejas, extienda geográficamente el proceso dignificador para ciudadanos pendientes de juicio o debidamente juzgados… que siguen siendo los menos.
Dicho así porque la presunción de inocencia continúa, al sol de hoy, aplastada mayormente por la lentitud extrema y violadora de derechos de los procesos judiciales que ha puesto bajo castigo ilegal y prolongado a una gran parte de la población estancada en la expandida condición de reos preventivos. En los 51 centros de la red penitenciaria con capacidad certificada de alojar a 16 mil personas se apiñan en estos momentos 25,200 de los cuales 16 mil sobreviven en la espera interminable de ser llevados ante algún tribunal.
En lo que llega la eficiencia que salve la imagen de la justicia, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales marcha, constructivamente, hacia la meta de transformar recintos para convertirlos en más seguros, humanos y libres de corrupción, que es parte del problema. Está sobrentendido que la criminalidad no debe ser combatida en estos tiempos con privaciones de libertad envilecedoras y denigrantes, para lo cual el régimen penitenciario debe estar orientado a la rehabilitación y reinserción de individuos, lo que hace imprescindible reducir el hacinamiento y respetar la dignidad y condición humana de quienes purgan penas a nivel nacional.
