El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM), a través de su “Comité Económico Consultivo”, presentó al país un conjunto de propuestas técnicas, económicas y administrativas orientadas a demostrar que el Estado dominicano puede reorganizar sus prioridades fiscales y obtener más de RD$40,000 millones sin necesidad de afectar el financiamiento público de los partidos políticos ni debilitar el sistema democrático nacional.
La exposición principal estuvo a cargo del Licdo. Pelegrín Castillo Seman, Coordinador General de Comisiones del FOPPPREDOM, quien se hizo acompañar de un selecto grupo de técnicos, economistas, especialistas en finanzas públicas y representantes de las distintas organizaciones políticas que integran ese espacio plural de concertación democrática.
El FOPPPREDOM explicó que la propuesta parte de un principio fundamental: el financiamiento público de los partidos políticos no constituye un privilegio, sino una garantía constitucional orientada a preservar el pluralismo político, la equidad electoral, la transparencia y la estabilidad democrática de la República Dominicana.
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En ese sentido, la entidad sostuvo que existen múltiples áreas dentro del gasto público susceptibles de reorganización, racionalización y optimización, cuyos ajustes permitirían generar ahorros y nuevos ingresos superiores a los montos que actualmente se pretende reducir al sistema de partidos.
Algunas de las medidas
Entre las medidas que fueron presentadas al país figuran: la reducción sustancial del gasto en publicidad gubernamental, la revisión de gastos de representación, viáticos y uso discrecional de fondos públicos, la racionalización de alquileres estatales, la eliminación de duplicidades administrativas, la revisión de exenciones fiscales improductivas, así como un conjunto de mecanismos orientados a mejorar la eficiencia recaudatoria y combatir la evasión tributaria.
El Comité Económico Consultivo también propuso las medidas de reorganización presupuestaria dirigidas a fortalecer la eficiencia del gasto corriente, mejorar los controles sobre compras y contrataciones públicas y redireccionar recursos hacia áreas estratégicas sin necesidad de afectar instituciones fundamentales para el equilibrio democrático.
El FOPPPREDOM indicó que diversos economistas, académicos y analistas nacionales han coincidido en que el Estado dominicano sí dispone de márgenes suficientes para realizar ajustes fiscales inteligentes sin recurrir a decisiones que puedan generar un debilitamiento institucional del sistema político.
La financiación a los partidos reduce la dependencia a intereses privados
La organización recordó que los partidos políticos son instituciones de rango constitucional y que el financiamiento público constituye un mecanismo internacionalmente reconocido para reducir la dependencia de intereses privados, fortalecer la transparencia y garantizar condiciones mínimas de competencia democrática.
Asimismo, advirtió que nuevas reducciones al financiamiento político podrían afectar seriamente la operatividad administrativa, organizativa y educativa de las organizaciones políticas, especialmente en un contexto preelectoral marcado por procesos internos de candidaturas, precampañas y reorganización institucional de cara a las elecciones de 2028.
“El costo de la democracia jamás puede ser visto como un gasto innecesario. Mucho más costoso para cualquier nación resulta el debilitamiento de sus instituciones democráticas y el deterioro progresivo del sistema de representación política”, expresó el FOPPPREDOM en un documento preliminar.
La entidad informó que durante la rueda de prensa fueron presentados cuadros comparativos, estimaciones económicas y propuestas concretas orientadas a evidenciar que una adecuada reorganización del gasto público permitiría alcanzar importantes niveles de ahorro sin afectar el funcionamiento del sistema democrático dominicano.
El encuentro con la prensa se desarrolló en un ambiente de apertura institucional y diálogo democrático, reafirmando el compromiso del FOPPPREDOM con la estabilidad política, la institucionalidad constitucional y la defensa del pluralismo partidario en la República Dominicana.
