Este lunes es propicio para transitar por la ruta de la utopía que comenzó con la proclamación de la primera Constitución de la República, en la Villa de San Cristóbal el 6.11.1844.
Proscritos los trinitarios, declarados algunos “traidores a la patria”, la Asamblea Constituyente, vigilada por Pedro Santana complació al militar que exigía tres artículos que le permitirían, cuidando las apariencias, gobernar a su antojo. Y establecía tres poderes del estado: separados, independientes, responsables, temporales e indelegables.
Los artículos 205, 206 y 210, bajo el epígrafe de “Disposiciones Transitorias”, le asignaban poderes extraordinarios y la excusa legal para ejercerlos.
“Durante la guerra actual y mientras no esté firme la paz, el presidente de la República puede organizar libremente el ejército y la armada, movilizar las guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y seguridad de la nación; pudiendo en consecuencia, dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan, sin estar atado a responsabilidad alguna.”
Así nació la República, de ese modo fue ratificada la arbitrariedad que signaría la vida nacional desde el siglo XIX, con su secuela -y sin los caudillos tradicionales- hasta el día de hoy. Porque existen muchas máscaras para encubrir el alcance demoledor del presidencialismo.
A partir de ese momento la pugna entre el derecho Constitucional y la realidad continúa. Textos buenos y mejores hemos tenido hasta llegar a la trascendente Constitución del año 2010 que a pesar de los intentos mostrencos para alterarla o empañetarla, conserva el mérito. Afecta su contundencia la inaplicabilidad de sus artículos y la resistencia para promulgar las leyes complementarias ignoradas por el Congreso.
De la misma manera que los derechos fundamentales se convierten en letra muerta con justificación oficial, instituciones previstas en la Constitución descansan en la trastienda del oportunismo sin importar el descaro que implica el desconocimiento del mandato.
Casualidad o paradoja es el artículo 210 de la Carta Magna que establece el referendo y prescribe que las consultas populares “estarán reguladas por una ley que determinará todo lo relativo a su celebración”.
El referendo fue exigido por sectores de la sociedad civil que ahora ignoran el contenido del artículo.
Durante décadas, repetimos como mantra, para ratificar la impotencia, que “la Constitución es un pedazo de papel”. Después del magnicidio y del traumático destino de la disruptiva Constitución del 1963, desde el poder se enarbolaba sin recato la aseveración con éxito.
Joaquín Balaguer, conocedor de la proclividad lisonjera de su pueblo, nunca se preocupó por desmentir que la autoría de la afirmación no era propia.
Aunque en la academia se analizaba el contexto político y el texto recreado por Ferdinand Lassalle, el imaginario colectivo asumía la imposibilidad del imperio de la ley. Razones hubo y hay.
Se repiten las cabriolas para que la práctica no agreda al texto. Desde el 1844 hasta la fecha, permanece como quimera el respeto a la Carta Magna. Más que proclamas anuales es imprescindible la vigencia de una Constitución cuya calidad es indiscutida, reconocida como la más avanzada de la región. Ese pedazo de papel, 182 años después, necesita reivindicación urgente.
