La Fiscalía en Massachusetts, en Estados Unidos, solicita que la dominicana Jennifer González permanezca detenida por considerar que sus recursos económicos y sus vínculos con República Dominicana representan un riesgo de fuga
La criolla, acusada por supuestamente liderar una red de matrimonios fraudulentos para obtener beneficios migratorios y que fue arrestada junto a otras cinco personas, aseguró que tiene negocios y numerosas propiedades en República Dominicana, incluidos terrenos, argumentos que el Gobierno estadounidense cita en la solicitud para pedir que permanezca en prisión.
El documento recoge declaraciones que González habría ofrecido durante una conversación grabada con un informante confidencial identificado solo como CW-1. “Cada vez que tengo un dólar disponible, simplemente invierto en una nueva propiedad en mi país”, expresó, según la transcripción incorporada en el escrito judicial.
En esa misma conversación, la acusada afirmó que tiene negocios en República Dominicana, entre ellos un proveedor para pequeñas tiendas de barrio, y agregó: “Me gusta comprar terrenos… Tengo muchas tierras en mi país”.
La Fiscalía sostiene que esos vínculos, sumados a los recursos económicos que presuntamente ha acumulado, representan un riesgo de que Gonzalez huya de Estados Unidos para eludir el proceso judicial.
La imagen en el expediente es de una cámara oculta que registró a Cherice Alejandro, Amara Pugh y Jennifer González durante la presunta preparación de un contrato para un matrimonio simulado, según las autoridades estadounidenses.
Según la moción, la presunta conspiración habría operado durante más de una década y facilitado un promedio de entre 18 y 20 matrimonios ilegales al año. Las autoridades alegan que el esquema utilizaba matrimonios simulados con ciudadanos estadounidenses para respaldar solicitudes de residencia permanente y, potencialmente, de ciudadanía para extranjeros en situación migratoria irregular.
El Gobierno estadounidense afirma que la actividad habría generado cientos de miles de dólares anuales para González y sus presuntos cómplices. La Fiscalía sostiene que, a partir de sus propias declaraciones y de otras pruebas financieras, la dominicana habría obtenido cientos de miles de dólares al año durante al menos diez años.
La moción también señala que, entre julio de 2019 y julio de 2026, González solicitó y recibió beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). De acuerdo con el documento, durante ese período gastó 124,526.30 dólares provenientes de esas prestaciones. La investigación atribuye, además, otros 23,773.08 dólares en gastos de esos beneficios a su esposo, actualmente fallecido, quien vivía con ella en ese momento.
La solicitud de detención se fundamenta en el riesgo de fuga que, a juicio de la Fiscalía, representan los recursos y las conexiones de González con República Dominicana. Las afirmaciones contenidas en la moción corresponden a los argumentos del Gobierno estadounidense para justificar la detención y no constituyen, por sí solas, una declaración judicial de culpabilidad.
Los demás arrestados por supuestamente pertenecer a la presunta red son Erica Daniels, de 29 año; Chreise Alejandro, de 39); Amara Pugh (31); Jessica Tavares (31), y Jaylin Hill, de 26 años.
