El problema, señor presidente no es recaudar poco, sino recaudar mal.
Las recientes medidas económicas anunciadas por el Gobierno de Luis Abinader, en respuesta al impacto de la guerra entre Irán y las tensiones internacionales que han elevado los precios de los combustibles, evidencian una preocupación legítima por la estabilidad económica del país. Sin embargo, más allá de las respuestas coyunturales, este es el momento de replantear el enfoque fiscal con una idea clara: cobrar a quienes evaden y aliviar a quienes sostienen el sistema.
No basta con ajustar variables macroeconómicas. El verdadero desafío está en corregir un modelo que, en la práctica, recae con más fuerza sobre la clase media y los sectores formales. Como advertía John Maynard Keynes, “la dificultad no radica en desarrollar nuevas ideas, sino en escapar de las viejas”. Y una de esas viejas prácticas es seguir aumentando o manteniendo cargas sobre quienes ya cumplen, en lugar de ampliar la base combatiendo la evasión.
En ese sentido, resulta cuestionable que se planteen nuevos esquemas impositivos sin revisar primero dónde están las fugas reales. Sectores como algunos profesionales de la salud, clínicas privadas, comercios, empresarios extranjeros, el sector hotelero y el comercio en general han sido señalados de manera recurrente por prácticas evasivas. Perseguir con determinación estas conductas no solo incrementaría la recaudación, sino que también restablecería la equidad del sistema. Como planteaba Adam Smith, “los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento del gobierno en proporción a sus capacidades”.
Bajo esa misma lógica, el diseño del impuesto al salario también debe revisarse. Fijar el umbral en 400,000 pesos desconoce la realidad de una clase media presionada por el costo de vida. Reducirlo a 250,000 pesos permitiría una estructura más progresiva, sin asfixiar a quienes ya están en el límite entre estabilidad y vulnerabilidad.
Asimismo, la coherencia fiscal también pasa por el gasto. Resulta difícil justificar la permanencia del “barrilito” y el “cofrecito”, asignaciones discrecionales a legisladores para fines de asistencia social, cuando el propio Estado cuenta con instituciones para esos fines. Eliminarlos no resolvería por sí solo el déficit, pero sí enviaría una señal clara de responsabilidad y transparencia.
A esto se suma la necesidad urgente de revisar y eliminar grandes exenciones fiscales que benefician desproporcionadamente a los sectores de mayores ingresos. Estas distorsiones reducen la capacidad recaudatoria del Estado y trasladan la carga hacia quienes menos margen tienen para soportarla.
En paralelo, aliviar a la clase media implica reducir impuestos regresivos. El 18% del ITBIS, uno de los más altos de América Latina, impacta directamente el consumo. A esto se suma el 10% aplicado a las propinas, una carga que nunca debió convertirse en ley, y el ITBIS sobre productos básicos esenciales, que golpea con mayor fuerza a los hogares más vulnerables.
En cuanto a los nuevos impuestos anunciados (vapes, cigarrillos electrónicos, casinos y pasajes aéreos ahora con US$10 más) conviene hacer una distinción. Gravar productos nocivos o de riesgo es una medida razonable. Sin embargo, el impuesto a los boletos aéreos puede afectar indirectamente al turismo, uno de los motores de la economía, y reducir la competitividad en mercados internacionales, especialmente en un entorno donde el precio es determinante.
Como señalaba David Ricardo, un sistema fiscal eficiente debe minimizar distorsiones y garantizar ingresos suficientes. Hoy, la República Dominicana tiene una oportunidad clara: dejar de cargar sobre los mismos y empezar a cobrar donde realmente corresponde.
Cobrar a los evasores y aliviar a la clase media no es solo una consigna. Es la base de un sistema tributario más justo, sostenible y alineado con la realidad del país.
