La situación en Haití continúa deteriorándose con un aumento alarmante en los niveles de violencia, desplazamiento forzado y colapso institucional. La comunidad internacional observa con creciente preocupación mientras el país vecino enfrenta una de sus peores crisis en décadas.
Según informes de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), más de 1.3 millones de personas han sido desplazadas internamente, muchas de ellas viviendo en condiciones precarias en campamentos improvisados.
La violencia de las pandillas ha alcanzado niveles sin precedentes, con más del 90% de Puerto Príncipe bajo control armado, lo que ha paralizado servicios básicos y generado un éxodo interno.
La coordinadora humanitaria de la ONU en Haití, Ulrika Richardson, calificó la situación como “indescriptible”, señalando que solo el 36% de los hospitales están operativos, mientras que cientos de escuelas permanecen cerradas.
En lo que va del año, se han registrado más de 3,000 muertes violentas, además de numerosos casos de secuestros, violaciones y desapariciones.
El Gobierno haitiano ha iniciado un programa de reubicación para las familias desplazadas, ofreciendo cheques de ayuda por 90,000 gourdes (aproximadamente USD 685), aunque la cobertura sigue siendo limitada. La Conferencia Episcopal de Haití y el Vaticano han emitido llamados urgentes a favor de la paz, denunciando el “drama humano” que vive la nación.
Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha expresado dudas sobre la posibilidad de celebrar elecciones antes de 2026, y ha instado a una mayor coordinación internacional para apoyar la recuperación institucional y humanitaria del país.
