Pasadas las 11:00 de la noche, Wilson Camacho, director Nacional de Persecución de la Procuraduría General, continuaba replicando todos y cada uno de los argumentos de las defensa de los diez imputados a los que se le conocía medida de coerción.
Durante la audiencia, que inició a las 2:30 de la tarde, varios imputados admitieron su responsabilidad en los hechos que le imputa el Ministerio Público al grupo compuesto por ocho oficiales y dos civiles, a cambio de medidas de coerción menos gravosas que la prisión preventiva que solicitó para todos el órgano de persecución.
Entre los negociadores están los coroneles Andrés Pacheco Valera, Luis Ernesto Vicioso Boció, Ramón Quezada Ortiz; el teniente Wellington Peralta Santos, y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Los demás imputados por el Ministerio Público de supuestamente conformar “estructura de militares y civiles” que apoyada en la distribución de sobornos que totalizaron RD$108 millones, lograron contratos como suplidores de seguridad privada (guachimanes) en varias instituciones públicas son el mayor general (r)E.N., Carlos Ambrosio Robles Díaz, y los coroneles activos de la Policía Nacional, Francisco Guarín Fernández, Elías Caamaño Pérez, y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar (FAD).
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También Quilvio Bienvenido Rodríguez González, principal imputado y dueño de las empresas Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE), Safeco Corredores, Consultores de Seguros SRL, y El Niño Prodigio EIRL, con domicilio en esta capital; Magesty Waste & Recycling Company SA, y Magesty Recycling SRL, con domicilio en Santiago, a través de las cuales se hacían los negocios ilícitos.
El juez apoderado del caso es Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
