La ética en la función pública no se limita al cumplimiento de leyes y reglamentos. Representa, ante todo, una responsabilidad con los ciudadanos, con los recursos que pertenecen a todos y con la confianza depositada en las instituciones. Gobernar implica tomar decisiones, pero también comprender las consecuencias de esas decisiones y actuar con apego al interés colectivo.
Con frecuencia, el debate sobre la ética gubernamental surge cuando aparecen denuncias, investigaciones o cuestionamientos. Es natural que así ocurra, porque la sociedad tiene derecho a exigir explicaciones y responsabilidades. Sin embargo, reducir la ética a la prevención y sanción de la corrupción sería desconocer su verdadera dimensión. También está presente en las decisiones cotidianas: al seleccionar colaboradores, administrar presupuestos, atender a un ciudadano o reconocer y corregir un error.
Existe una diferencia fundamental que merece nuestra atención: no todo lo legal es necesariamente ético. Una actuación puede ajustarse formalmente a una disposición y, aun así, resultar cuestionable desde el punto de vista del interés colectivo. La legalidad establece límites; la ética exige criterio, prudencia y conciencia de las consecuencias.
Deligne Ascención Burgos
Por eso, la integridad no puede descansar exclusivamente en las convicciones personales. Las instituciones necesitan mecanismos de supervisión, procedimientos transparentes y servidores públicos preparados para enfrentar situaciones cada vez más complejas.
Nadie cuestiona que un médico participe en congresos para actualizar sus conocimientos, ni que un ingeniero asista a jornadas de capacitación para conocer nuevas técnicas. Entendemos que el ejercicio responsable de cualquier profesión exige aprendizaje permanente. ¿Por qué habría de ser diferente para quienes administran recursos públicos y toman decisiones que afectan a toda la sociedad?
Los principios éticos permanecen, pero las circunstancias en que deben aplicarse evolucionan. Las nuevas tecnologías, los conflictos de intereses y las modalidades de contratación plantean desafíos que requieren preparación y discernimiento. Capacitar a un funcionario en materia de ética no significa cuestionar su honestidad, sino proporcionarle herramientas para ejercer mejor sus responsabilidades.
En ese contexto, merece atención la reciente iniciativa de formación para servidores públicos impulsada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, bajo la conducción de Milagros Ortiz Bosch. Su importancia radica en reconocer que la integridad institucional también requiere educación, prevención y actualización permanente.
Naturalmente, ningún taller garantiza la honestidad de una persona. Tampoco un certificado sustituye los valores individuales ni la obligación de rendir cuentas. La formación adquiere sentido cuando sus enseñanzas se reflejan en decisiones responsables, comportamientos verificables y disposición a corregir lo que no funciona.
La confianza ciudadana se construye precisamente sobre esa coherencia. No basta con proclamar transparencia; es necesario demostrarla mediante actuaciones que puedan ser examinadas y explicadas. Y corresponde a quienes dirigen las instituciones procurar que esos principios formen parte de su funcionamiento habitual.
La República Dominicana necesita continuar fortaleciendo una cultura de servicio público en la que actuar correctamente no sea considerado un mérito extraordinario, sino una obligación natural.
Porque la ética no se demuestra por la cantidad de principios que proclamamos, sino por la coherencia con que somos capaces de practicarlos.
