La Policía Nacional sacudió los cimientos del debate sobre la seguridad ciudadana en la República Dominicana: más de 53.000 órdenes de arresto duermen en el limbo de la burocracia judicial. No hablamos de infracciones menores, sino de un grueso expediente contentivo de miles de casos de violencia intrafamiliar, robos, agresiones sexuales y homicidios.
Sin embargo, el dato más alarmante no subyace en la cifra global, sino en la reincidencia crónica, la cual facilita que cientos de individuos caminen libremente por nuestras calles acumulando cinco, diez y hasta cuarenta registros policiales. Esta cruda realidad evidencia una desconexión sistémica profunda, una especie de “puerta giratoria” a través de la cual el Poder Judicial y el mecanismo preventivo parecen hablar idiomas distintos.
Ante este colapso de la persecución penal ordinaria, la respuesta en las calles ha tomado un matiz sumamente peligroso: el auge de los denominados “intercambios de disparos”. Los datos de los últimos años consolidan una tendencia ascendente que despierta alarmas. De los 84 casos registrados en el 2020, la cifra escaló de manera drástica hasta superar la barrera de los 200 casos anuales recientes. El punto de inflexión más crítico se vivió en meses pasados, cuando las muertes a manos de agentes del orden llegaron a representar cerca del 44% del total de los homicidios mensuales del país. El goteo de presuntos delincuentes abatidos en supuestos enfrentamientos se ha vuelto parte de la cotidianidad informativa,
Este fenómeno expone una peligrosa fractura en la opinión pública dominicana. Por un lado, una sociedad hastiada de la impunidad y del asalto diario tiende a aplaudir la mano dura, percibiendo la fuerza letal como un mecanismo expedito de saneamiento social frente a una justicia percibida como lenta o complaciente. Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y juristas independientes denuncian de manera categórica que bajo el rótulo de “intercambio” se ocultan ejecuciones extrajudiciales, exponiendo la asimetría estadística de tiroteos feroces donde casi nunca resultan heridos policías.
La solución a esta crisis de seguridad no puede descansar en la eliminación física del infractor, una práctica que erosiona el Estado de Derecho y despoja a las instituciones de su legitimidad moral. El verdadero desafío radica en la reforma estructural de las reglas del juego. La reciente promulgación del nuevo Código Penal (Ley 74-25) representa un paso legislativo importante al introducir el cúmulo de penas -en lugar de la cadena perpetua- hasta los 60 años en casos de concursos de delitos graves. No obstante, las leyes en el papel son letra muerta si no se transforman en operatividad efectiva.
Creo que se requiere urgentemente una reforma procesal complementaria capaz de limitar de forma estricta las libertades condicionales y las fianzas de los delincuentes multirreincidentes. Asimismo, la ejecución de las 53.000 órdenes pendientes debe responder a una estrategia de inteligencia criminal y depuración digital, apoyada en la obligatoriedad de las cámaras corporales (bodycams) para transparentar el uso de la fuerza.
La República Dominicana atraviesa una encrucijada institucional decisiva. La disyuntiva no debe ser elegir entre la impunidad de las calles o la arbitrariedad del gatillo policial. El único camino sostenible hacia una paz pública duradera es aquel donde la Policía captura con eficiencia, el Ministerio Público sustenta con rigurosidad y los tribunales condenen con firmeza. Sustituir el debido proceso por la letalidad unilateral no reduce la criminalidad; solo profundiza la violencia.
(El autor es periodista y abogado)
